Como todas las veces que se anuncian aumentos en la Remuneración Mínima Vital (RMV), quienes cuestionamos la medida somos acusados de insensibles, privilegiados. Que no recibamos RMV no borra la realidad subyacente ni hace menos ciertos nuestros argumentos, aunque aparezcamos luego en “Blankitos out of context”.

Si anunciar una medida “social” que beneficiará a un porcentaje marginal de la población a cambio de condenar a la informalidad a un porcentaje mayoritario genera aplausos, qué poco exigimos al Gobierno, francamente. No son gestos lo que se necesita, sino soluciones; y con 70% de informalidad laboral subir la RMV solo eleva el costo de la legalidad.

¿Demasiado pragmático? La naturaleza jurídica y económica de una remuneración es contraprestar la generación de valor. Eso se mide en productividad, y no existe productividad mínima. Lo mínimo que se debería pagar es lo mínimo que se produce, no lo que dicta una ley.

Ahora, si la meta es asegurar un piso de bienestar para los ciudadanos, hacerlo a través de la RMV es trasladar la responsabilidad del bienestar social a las empresas, a las pocas formales. Mucho más sentido moral, económico y político tendría un “ingreso mínimo” como subsidio para los ciudadanos, como se aspira en ciertos países ricos, pero el Estado del Perú no podría solventarlo. ¿La solución? Fingir que las empresas sí. Pero no es cierto: el 70% de informalidad es la prueba.

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