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Economista y asesor financiero

Digno de elogio el ministro de Economía, Alfredo Thorne, quien ayer, en declaraciones a RPP, dijo: "Estamos totalmente comprometidos a luchar contra la corrupción" y anunció que el gobierno volverá a licitar el Gasoducto del Sur.

En setiembre escribí lo siguiente en mi columna "Project finance chicha": "El Gasoducto del Sur es un proyecto grotesco. Un solo factor explica por qué la concesionaria (un consorcio de empresas) lleva a cabo la milmillonaria inversión: Electroperú le asegura al consorcio un ingreso mínimo diario equivalente a la compra de 500 millones de pies cúbicos de gas diarios, haya compra o no la haya, se transporte o no dicho gas, haya gas o no lo haya. ¿Y a cuánto asciende en dinero ese ingreso mínimo diario garantizado? Al precio actual del gas representa alrededor de 1.4 millones de dólares diarios, es decir, unos 500 millones de dólares por año o 10 mil millones de dólares en veinte años.

Como lo explica Juan Mendoza en su columna de ayer en Perú21 (Planes gaseosos), y lo ha desarrollado también en detalle Manuel Romero Caro, en varios artículos de Gestión, no hay certeza de que haya suficiente gas ni tampoco demanda genuina garantizada más allá de expresiones de interés. Lo único seguro es la caja paganini de Electroperú, es decir, el bolsillo del usuario eléctrico, o sea usted, a quien ya le vienen cobrando una sobretasa desde el año pasado a pesar de que la obra no ha hecho más que empezar.

Si a alguien le quedaba alguna duda sobre este rocambolesco negociado, que viola todos los fundamentos y lógica de la disciplina del project finance, el tiro de gracia se lo dio el jueves pasado el ex presidente Alan García, cuando después de declarar al juez anticorrupción sobre el gasoducto, dijo: 'En nuestro gobierno firmamos un contrato que costaba US$1,334 millones al inversionista, sin participación del Estado ni de las familias. Lamento que eso se convirtiera en el gobierno del señor Ollanta Humala en un contrato de US$7,500 millones'.

Corren un gran riesgo los bancos que se están planteando financiar este mamotreto de costos inflados financiados por subsidios injustificados –pagados por sobretasas injustas al usuario eléctrico– y es que lo hacen a sabiendas de que este es un proyecto muy cuestionado con tufo de corrupción a lo grande. El riesgo que corren es que algún gobierno en el futuro explique a la población las verdades del barquero sobre el sobrecosto de 6 mil millones de dólares, corte el caño del subsidio y se queden sin cobrar sus préstamos. Eso además del costo en reputación porque ese lo van a tener en cualquier caso. Señores, esto no es project finance, tiene otro nombre mucho más castizo".