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El 5 de junio, y por vez primera desde 2001, muchos peruanos podrán acudir a las urnas sin el miedo apocalíptico de que el resultado de la votación ponga en riesgo la estabilidad económica del último cuarto de siglo. No solo porque Keiko y Kuczynski estén comprometidos con la economía de mercado, sino porque, además, no menos de tres cuartos de los congresistas elegidos también lo están, lo que significa que esta vez sí se van a poder emprender reformas y enmendar retrocesos. Oportunidad singular para avanzar en la agenda de desarrollo que probablemente no se vuelva a presentar. ¿Cuáles deben ser las prioridades? ¿Qué se puede aprender de otros países?

La experiencia de Singapur es una de las más contundentes. En 1965, el año en que logró la independencia, su ingreso per cápita era comparable al peruano, unos 500 dólares de los de entonces, lo que representaba alrededor de la novena parte del ingreso per cápita de los EE.UU. (ver cuadro). Mismo punto de partida, por tanto. Un cuarto de siglo después, 1990, el nivel de vida de Singapur había avanzado hasta suponer más de la mitad del de los EE.UU., mientras que el peruano había retrocedido de la décima a la vigésima parte. Ese fue el precio del socialismo tropical de los militares y el posterior populismo de los ochenta. Pasado otro cuarto de siglo, en 2015, el ingreso per cápita de Singapur ya sobrepasa al de los EE.UU., en tanto que el peruano consigue aumentar del 5% al 12% del nivel de EE.UU. de referencia, con lo que, en términos relativos, regresa a la posición que ocupaba medio siglo antes. Colofón: ¡Cincuenta años de soledad!

Hoy, tanto Perú como Singapur son economías de mercado integradas al comercio y las finanzas internacionales, y administradas respetando los equilibrios macroeconómicos. La gran diferencia entre los sistemas de ambos países está en el imperio de la ley y el orden –estricto en Singapur y laxo en Perú– y en el desarrollo de la educación. Sin duda hay otras, pero estas son las más determinantes.

Por eso, es clave que el nuevo gobierno haga a un lado el énfasis electoralista en el "fine tuning" económico y el asistencialismo social y, en su lugar, priorice la reforma de la justicia y redoble esfuerzos en materia de educación.