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En unas pocas horas, el país tendrá presidenta o presidente electo para 2016-21. Desde hace un par de años parecía que se avecinaba un fin de gobierno caótico e imprevisible, pero, por fortuna, finalmente, todo transcurre dentro de la normalidad institucional.

El nuevo presidente recibe un país con la macroeconomía ordenada y fortaleza financiera, pero acosado por la inseguridad ciudadana y la corrupción hasta cotas no vistas desde finales de los ochenta. Frenar la corrupción y detener el avance y la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en las instituciones no va a ser ni fácil, ni rápido. Y eso suponiendo que el nuevo gobierno priorice estos objetivos y temas, algo que no hemos visto en las respectivas campañas en que los candidatos han preferido hacer gala del asistencialismo social, las dádivas populistas y los megaproyectos.

Ambos candidatos han pasado de puntillas por el tema de la corrupción, siempre con generalidades y evitando lo concreto y obvio. Han tratado de vender al electorado esa visión rocambolesca e infantil de que en alguna que otra oficina pública hay unos cuantos hombrecillos tenebrosos, que nadie sabe quiénes son y que, de vez en cuando, piden coimas. Los candidatos saben que ese no es el meollo del problema; la gran corrupción se ventila en los altos niveles del Estado y de algunas empresas. Eso no se soluciona con la enésima reforma de la Contraloría, sino estableciendo una Fiscalía Contra la Impunidad como en Guatemala, con fiscal nombrado por la ONU, por poner un ejemplo. ¿Hará algo el próximo gobierno contra la corrupción?

Con una victoria de Keiko, su partido controlaría el Ejecutivo y el Legislativo. Algo que siendo, en principio, positivo para poner en marcha reformas, sin duda conlleva el riesgo del abuso de poder. La naturaleza humana necesita contrapesos para el buen desempeño. El congresista Víctor Andrés García Belaunde ha planteado una propuesta creativa que consiste en que el puñado de congresistas investigados de Fuerza Popular no juramenten hasta que no se resuelvan sus respectivos casos, algo que la candidata podría lograr apelando a la disciplina de partido. Un soplo de credibilidad que resolvería bastantes problemas.

Con una victoria de Kuczynski, algunos creen que el reto sería garantizar la gobernabilidad con una pequeña representación parlamentaria y con la mayoría absoluta en manos del fujimorismo. Aunque mi opinión es que las dos o tres décadas de vida política que tiene Keiko por delante serían incentivo suficiente para una oposición responsable y constructiva, que la consolidaría para la presidencia en 2021.