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Economista y asesor financiero

La economía mundial está entrando en un difícil ciclo a la baja, pero la peruana podrá desenvolverse con relativa holgura financiera porque cuenta con una posición favorable de baja deuda pública y sólida posición de reservas de divisas. Esta es la herencia de un cuarto de siglo de buena gestión macroeconómica por la que hay que felicitar a los sucesivos responsables del Ministerio de Economía y del banco central. Frente al éxito en lo macroeconómico, empero, hay un reverso de la moneda, que en este caso es el fracaso en lo microeconómico y en cuyo origen está el subdesarrollo institucional: inseguridad jurídica, ineficiente administración pública, corrupción y mercantilismo.

Según los indicadores del Foro Económico Mundial, en lo macroeconómico el Perú puntúa tan alto como Chile, pero en lo institucional casi tan bajo como Venezuela. Entre 140 países, el Perú ocupa el puesto 130 en confianza en los políticos y los jueces (posibilidad de comprar una sentencia judicial) y el puesto 135 en confianza en la Policía. Desafortunadamente, lo institucional es bastante más difícil de cambiar que lo macroeconómico. Un buen comienzo pasa por reconocer la severidad del problema y priorizar la búsqueda de soluciones. Sin embargo, no es ahí donde ponen énfasis los programas electorales de los candidatos; en este ciclo electoral, como en los anteriores, proliferan las dádivas electoreras que si se pusieran en práctica acabarían con la preciada estabilidad macroeconómica.

Brasil nos está dando una lección en lucha contra la corrupción. Y no nos engañemos, el problema en el Perú no es de menor signo; las mismas empresas ahora encausadas en Brasil son grandes operadoras en el Perú y seguro que los métodos no son diferentes en ambos países. Seguro también que hay muchas más empresas, extranjeras y locales, que están en el negocio de la corrupción, que no es un problema exclusivo de la esfera pública –como a veces incorrectamente se cree–, sino una auténtica asociación público-privada que ha venido funcionando mucho tiempo con impunidad. La diferencia con Brasil es que, hasta la fecha, en el Perú el encubrimiento ha sido casi total. En Brasil el juez Sergio Moro que investiga el caso Lava Jato puede hacer su trabajo, mientras que en Perú a Julia Príncipe y Yeni Vilcatoma las destituyen.

El Perú aguantará bien los embates de la nueva crisis financiera en ciernes, pero la corrupción y el subdesarrollo institucional van a seguir limitando severamente el potencial de crecimiento del país, a menos que el próximo gobierno se tome el tema en serio.