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Es la continuidad del modelo de economía de mercado que se adoptó en el Perú en 1990, sobre las cenizas de una economía destruida y un Estado fallido a punto de convertirse en la Camboya americana. Como nos recordaba Juan Mendoza ayer en su columna, en el último cuarto de siglo la incidencia de la pobreza se ha reducido de casi dos tercios a un quinto de la población, y el ingreso per cápita ha mejorado 3.5% por año en promedio. Mientras que en el cuarto de siglo anterior, primero con el socialismo tropical de los militares y luego con el populismo, se deterioró el nivel de vida y proliferó la pobreza. En el Perú de hoy, en cambio, progresan las clases medias y el ciudadano emprendedor de a pie –ahora sí– puede convertirse en empresario.

Los principios económicos que establece la Constitución de 1993 son la piedra angular del modelo económico. Por eso los cuatro gobiernos posteriores al de Fujimori han optado por el pragmatismo; mejor mantener una Constitución que propicia el desarrollo económico que dejarse seducir por los cantos de sirena del fundamentalismo histórico-constitucional.

La solidez de la economía peruana, a pesar de sus obvias carencias e imperfecciones, es el principal activo que se juegan los votantes hoy en las elecciones. Y eso, estimado lector, no es poca cosa en medio de la debilidad económica mundial actual. Frente a ese activo, el Perú tiene problemas serios: inseguridad ciudadana, corrupción, crimen organizado e impunidad. Esos son los pasivos.

Lo que uno tiene que preguntarse es qué candidato tiene la capacidad, experiencia y los equipos para preservar y mejorar el activo económico y encarar los pasivos.