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El gobierno tenía en sus manos la oportunidad dorada para lanzar una señal clara contra la corrupción rompiendo con el pasado de estafas disfrazadas en proyectos de infraestructura. Pudo poner fin al apestoso proyecto de aeropuerto en Chinchero. No solo no lo hizo, sino que lo facilita promulgando una adenda para que la empresa constructora –y después operadora durante 40 años– que ha sido incapaz de levantar el financiamiento para ejecutar el proyecto, lo ponga en marcha con el Estado aportando la mayoría de los fondos.

Como explica Nick Asheshov, que vive en la zona desde hace años: https://nicholasasheshov.com/2017/01/27/chinchero-lost-in-the-clouds-of-poor-engineering-bad-finance/, Cusco no necesita un nuevo aeropuerto porque se puede modernizar el Velasco Astete, con extensión de pista y nueva terminal para dar servicio al crecimiento previsible del turismo en las próximas dos décadas y porque el número de visitantes a Machu Picchu ya bordea el límite de 5,400 por día establecido como nivel sostenible por un estudio del propio gobierno. Cuestiona Asheshov, además, que la ubicación sea la más adecuada de la zona para un aeropuerto, por el riesgo de socavones asociado a su tierra caliza, la mayor probabilidad de niebla y tormentas de granizo, la distancia de 30 km a Cusco y la altitud de 3,700 metros (500 más que el Velasco Astete).

¿Cuál es entonces la razón de ser del nuevo aeropuerto? La corrupción urbanística. Urbanizar las 240 hectáreas del Velasco Astete –a precios de 1,000 a 2,000 dólares por m²– y en paralelo subir el valor de los terrenos colindantes al nuevo aeropuerto de Chinchero en los que ya han tomado posiciones especuladores con información privilegiada. Como explica Asheshov, el gobernador anterior de Cusco Jorge Acurio –destituido por corrupción– compró las 330 hectáreas del terreno cultivadas de papa en Chinchero a un par de comunidades al precio 230 mil dólares por hectárea frente a los 5,000 que cuesta la hectárea en Idaho (la región de papa por excelencia). Terreno que el gobierno regional permuta al Estado a cambio del Velasco Astete.

Por lo demás, la situación de los dos socios en el consorcio constructor/operador de Chinchero, al que el gobierno ha otorgado la generosa adenda, deja mucho que desear. Al socio peruano la agencia de rating Fitch le ha reducido la calificación de sus bonos seis peldaños bajo grado de inversión como explica Pablo Secada en su columna de Perú21; al socio extranjero que opera aeropuertos en Argentina le han llovido juicios por doquier. Fina estampa.