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Lo más sensato sobre el esperpéntico proceso electoral que vivimos lo dijo ayer el sociólogo Martín Tanaka en su entrevista en El Comercio. Dadas las costumbres políticas, la debilidad de los partidos y las dificultades para hacer cumplir la ley electoral –vicios que afectan a todas las candidaturas– el JNE debería de haber sancionado a Guzmán, a Acuña o a cualquier otro por las infracciones electorales pero no con la exclusión. Lo subscribo; se está privando al elector de su derecho soberano a decidir sobre las opciones de gobierno y eso es malo para la institucionalidad.

En un país que ocupa el puesto 130 –entre 140 países– en confianza en el Poder Judicial, según la base de datos del Foro Económico Mundial, tiene que valer mucho más la decisión de la población sobre quien va a ser el próximo presidente que la decisión de un jurado que ha venido demostrando, como bien dice Tanaka "su incompetencia e improvisación". Que sea el JNE quien señala las infracciones y sanciona, para que el elector pueda ver todas las cartas sobre la mesa, pero que sea el elector quien finalmente decide.

La exclusión no es la única sanción, sino la más extrema, una medida desproporcionada, arbitraria y formalista – en el país de la informalidad– que castiga precisamente al elector más que al candidato. Aunque a algunos les parezca lo contrario, lo que en realidad se está dañando es la institucionalidad, pues la decisión de un cuerpo desprestigiado de cinco funcionarios está suplantando el derecho soberano del electorado a decidir sobre probablemente la decisión que más va a afectar sus vidas.

Y la institucionalidad es la clave para el crecimiento económico. Como explica el gurú máximo del crecimiento económico, Robert Barro en Democracia, ley y orden y crecimiento económico: "Las investigaciones empíricas llegan a la conclusión de que las discrepancias en desarrollo institucional entre países son uno de los factores mas importantes para explicar sus diferencias en sus tasas de crecimiento. En consecuencia, las reformas básicas que mejoran las instituciones proporcionan una de las rutas más seguras para la transformación de un país en el largo plazo de la pobreza a la prosperidad".

En un reciente foro organizado por De Althaus, Mendoza y un servidor, el embajador Allan Wagner no lo pudo decir mejor: "No podemos farrearnos la democracia porque si lo hacemos ponemos en riesgo todo lo logrado". Ante una deficiente ley electoral y de partidos, el JNE debería haber utilizado la discrecionalidad de que goza con mejor criterio.