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El protagonista de Crimen y castigo comete un asesinato pero acaba entregándose a la justicia presionado por la Policía, su familia y su conciencia. Cien años después de que Fiódor Dostoyevski planteara en su novela el tema de la eficacia de la justicia, el economista Gary Becker también bautizó con Crimen y castigo su artículo pionero sobre los efectos disuasivos de multas y penas en el comportamiento delictivo. El crimen se expande con la impunidad, se limita con el rigor judicial y las penas.

Cuando los jueces son fácilmente corruptibles y el estigma es llevadero –el grueso de la sociedad se resigna a sufrir o incluso acepta lo delictivo como inevitable (ese "roba pero hace obra")– la conciencia de casi todos termina siendo tolerante.

El resultado es el crimen rampante: homicidios, sicarios, robos, coimas, estafas, contratos con el Estado mal habidos, inseguridad física y jurídica, malos servicios públicos, pésima infraestructura, mala calidad de la educación y un largo etcétera.

Para limitar la actividad delictiva hay que reducir la impunidad y para lograrlo el primer requisito es tener jueces profesionales e independientes, inmunes a entramados políticos, presiones y corruptelas.

¿Y cómo se consigue eso? Ese es el meollo: lo que hay es difícil de cambiar, incluso en el supuesto hipotético de que un presidente o un Congreso o ambos quisieran hacerlo. ¿Hay algún camino?

Sí que lo hay. Guatemala está dando una lección al resto de los países en desarrollo y a bastantes desarrollados.

En el 2006, accediendo a propuestas y presiones de la sociedad civil, el gobierno firmó un acuerdo con las Naciones Unidas para crear una , una fiscalía especial e independiente encabezada por un fiscal extranjero de prestigio (el colombiano Iván Velásquez) que tiene que rendir cuentas a las Naciones Unidas pero que opera bajos las leyes y en los tribunales guatemaltecos, muchas veces como ente investigador y otras apoyando a instituciones del Estado.

Desde 2008, la CICIG ha conseguido sentencias condenatorias en una veintena de casos, incluyendo contra un ex presidente, y hace unos días ha conseguido deponer y encarcelar por corrupción al presidente del país, Otto Pérez Molina.

De manera que sí se puede. Pregunta: ¿qué candidato a la presidencia del Perú se anima a proponer la creación de una CICIP?