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Con el referéndum británico del 28 de junio, la Europa de los 28 pasa a ser la de los 27. Bueno no todavía, en realidad ni siquiera sabemos cuándo, porque según el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que es el que establece el procedimiento de salida, primero el Reino Unido tiene que comunicarlo formalmente al Consejo Europeo y a partir de ahí empieza a contar un periodo máximo de dos años para negociar un acuerdo de retirada. Hasta llegar a dicho acuerdo el país saliente mantiene las obligaciones y derechos de cualquier país miembro.

La gran paradoja es que ahora resulta que ningún líder político británico, incluidos los que defendieron calurosamente el Brexit, muestra ninguna prisa por iniciar el proceso de retiro porque saben que si echan a andar el reloj pierden todo poder de negociación. Quieren negociar los temas fundamentales antes de iniciar el proceso.

¿Y cuáles son los temas fundamentales? Hay varios pero en realidad solo uno es clave. Los británicos quieren mantener el libre comercio y flujo de capitales con la Unión Europea (UE) pero no quieren estar sujetos a la libre movilidad de mano de obra de otros países; algo imposible de conseguir. Escribo mi artículo desde Londres, adonde llegué unos días antes del referéndum, pudiendo constatar –sobretodo poniendo la oreja a conversaciones populares de pub– que la variable decisoria del referéndum era la asociación en la mente de muchos votantes entre la pertenencia a la UE y la inmigración, y sobre todo la más reciente de Europa del Este. Creían que votando por el Brexit, iban a detener la inmigración. Y resulta que no es así.

Me explico. Islandia, Noruega y Suiza no son miembros de la UE pero tienen libre flujo de comercio y capitales con la UE –los dos primeros porque pertenecen al tratado del Espacio Económico Europeo y Suiza a través de acuerdos bilaterales–, pero el precio de tienen que pagar por dicho librecambio con la UE es aceptar la libre movilidad de mano de obra con los países de UE. Además, para poder participar en el mercado único tienen que cumplir con buena parte de la legislación de la UE e incluso contribuir al presupuesto de la EU. Eso sí, al no ser miembros de la UE, no participan ni en los órganos de gobierno ni en las decisiones, son por lo tanto auténticos "convidados de piedra".

Por eso no se extrañen si el Reino Unido demora su salida de la UE varios años o si, después de todo, nunca acaban de irse.