De reveses y cobardías

El viernes fue un día muy oscuro. Desde temprano circularon por todas las redacciones rumores y noticias falsas. Uno de los peores rumores terminó siendo cierto, y una de las fake news obligó a la Policía Nacional a hacer público un comunicado desmintiendo una amenaza de bomba en un importante centro comercial.

Por la mañana, sorprendidos, los periodistas informamos que la casación de Keiko Fujimori no se había resuelto, pero no porque los jueces de la sala suprema no se hubieran puesto de acuerdo en si la lideresa de Fuerza Popular debía seguir su proceso en libertad o continuar enfrentándolo en prisión preventiva, sino porque discrepaban en la cantidad de meses que Fujimori Higuchi debía permanecer presa. Contrario a la posición del fiscal supremo Rodríguez Monteza, que fue en contra de la Fiscalía para el caso Lava Jato, ningún vocal de la Sala Penal Permanente consideró que Keiko deba salir libre.

Y mientras la portátil fujimorista agredía y lanzaba improperios contra la prensa –sus jefes acusan a los medios de presionar a los jueces, como si los magistrados no tuvieran personalidad– trascendía un tuit de Martín Bustamante, el otrora incondicional de Castañeda Lossio, notificando a la opinión pública que acepta la parte que le toca del delito, pero que se ha acogido a la colaboración eficaz para declarar y entregar pruebas que incriminen al gran responsable, es decir, al exalcalde de Solidaridad Nacional.

Las horas pasaban volando y, a media tarde, se confirmó el peor de los rumores, lo que el presidente Vizcarra les había prometido en privado a los alcaldes del valle de Tambo en Arequipa días previos al violento paro general: que él procedería a suspender la licencia otorgada a la minera Southern para la construcción del proyecto Tía María. Finalmente, para retroceder lavándose la cara, el Gobierno usó como pretexto al Consejo de Minería, el tribunal administrativo del Ministerio de Energía y Minas, que tiene que resolver en los próximos meses un recurso de revisión presentado por el gobernador y una medida cautelar presentada por el alcalde de Mollendo, la capital de Islay.

El recurso de revisión, una bravuconada de una autoridad mal elegida que debiera ser procesada por incitar a la subversión y revertir el orden, no servía en sí mismo como excusa. La medida cautelar llegaría como refuerzo; su origen, sin embargo, es sospechoso. Fuentes bien informadas sostienen que no fue iniciativa de la autoridad edil que la firma y que, incluso, habría sido redactada en el Minem. Si esta sospecha terminara siendo cierta, el ministro Ísmodes se vería en graves dificultades.

Pero volvamos al viernes. Unas horas después, llegada la noche, en todas las redacciones los reporteros agitados intentaban verificar otro creciente rumor que corría por WhatsApp, anunciando la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y de los ministros de Economía y de Energía y Minas. Los más avezados afirmaban que así respondían los funcionarios a la suspensión de la licencia, pero que el presidente no les había aceptado la dimisión.

Se vienen tiempos aún más violentos y vertiginosos que los vividos. Los rumores y las noticias falsas se incrementarán con el correr de los días. La mayoría de los políticos vigentes ha perdido los escrúpulos y no guardarán reparos a la hora de intentar tapar –tal como pasó el último viernes– sus reveses, sus miserias, sus cobardías y sus inquinas.

Ninguno está poniendo al Perú por delante. Ninguno cree que el Perú es primero. Solo nos queda hacer votos para que llegue pronto julio de 2020.