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Redacción PERÚ21

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Juan José Garrido,La opinión del directordirector@peru21.com

Si bien es cierto que la candidatura nacionalista y antiminera de Ollanta Humala bordeó el 31% en el 2011 (30% en el 2006), según una reciente encuesta de GFK dicho sector solo representa al 10% de la población. Históricamente nunca han significado más del 1%; Marco Arana, su actual representante político, mantiene solo 1% de intención de voto (Alberto Moreno en su momento obtuvo 0,2%, Javier Diez Canseco 0,4% y Susana Villarán 0,6% en elecciones presidenciales).

52% de los encuestados reconocen que la principal intención detrás de los antimineros es la búsqueda de rentas políticas. No obstante, 62% de quienes están en contra de la minería consideran que existen agravios no atendidos, partiendo con la contaminación ambiental. Lo paradójico es que la gran minería peruana, esa que combaten los ambientalistas, cumple con estándares de calidad globales (ISO, la gran mayoría); ergo, no deberían ser los principales enemigos de los ambientalistas.

La minería contribuye al crecimiento del Perú para un 60%. No obstante, queda claro que el sector tiene tareas pendientes. Primero, informar mejor a la ciudadanía sobre sus estándares, así como atender los casos de manera diligente y dando cuenta de aquello. Podrían, también, impulsar la mejor distribución del canon, algo sobre lo cual también hay consenso (67%). Finalmente, también deberían apoyar más en la lucha frontal contra la minería informal.

La población desea que la minería siga invirtiendo (76%); lo que falta es una estrategia que empate ese deseo con los intereses de las regiones, de tal manera que sean las poblaciones las que los acompañen en dicha tarea.