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El reto de Gamarra

“La Policía Nacional tiene que mantenerse atenta y poner en alerta roja sus servicios de inteligencia para desactivar cualquier brote violento”.

Gamarra

Hay gente acumulada en los ingresos. (Foto: Renzo Salazar)

Editorial Perú21
Editorial Perú21

El desalojo de los ambulantes del centro comercial de Gamarra no es precisamente el primero que se realiza en la zona, pero sí se espera que sea el último.

Al alcalde George Forsyth le aguarda no solo la espesa tarea de reordenar y luego mantener ese nuevo ordenamiento que acaba de poner en marcha, sino también resistir el contraataque de los desalojados, quienes ya deben estar planeando un retorno, que, a no dudarlo, comenzará a través de la tupida red de coimas que manejan las mafias del distrito, a lo que seguirán las amenazas y quién sabe si, más tarde, la movilización de los comerciantes callejeros, con sus respectivos “chalecos”, para tomar por la fuerza sus perdidos emplazamientos.

Conviene recordar un episodio similar, cuando la entonces alcaldesa Susana Villarán, en tiempos pre-Odebrecht, hizo lo propio con La Parada, pero desde el Poder Judicial le torpedearon la medida hasta donde pudieron. Es debido a ese poder mafioso que se agradece el apoyo del alcalde de Lima y del Ministerio del Interior, que puso a disposición 2,000 efectivos policiales para realizar el operativo, que no atañe únicamente a La Victoria, sino a toda la ciudad, dado el volumen de transacciones que allí se realizan.

La Policía Nacional tiene que mantenerse atenta y poner en alerta roja sus servicios de inteligencia, para desactivar cualquier brote violento. El comercio ambulatorio responde por supuesto a un complejo tema social que no se solucionará con rejas y caballos. Por eso, en el plan de reordenamiento dispuesto por el alcalde Forsyth, el empadronamiento y la reubicación de los ambulantes será esencial para dar solución definitiva al problema.

El hecho de que en la zona se ofrezcan productos de contrabando, se vendan o cobren cupos por centímetro cuadrado de vía pública, no criminaliza automáticamente a todos esos vendedores callejeros que, mal que bien, se ganan la vida de manera esforzada en medio de la precariedad. El reto es facilitar su paso a la formalización y que se integren a la población económicamente activa del país. Solo así se le dará un golpe mortal a las mafias y a la inseguridad que generan.

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