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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Oliver Stark,Opina.21Columnista invitado

Las razones son obvias y tienen que ver con las cada vez más intensas trabas que le ponen al sector los movimientos antimineros que han logrado que la producción baje sostenidamente año tras año.

Todo comenzó con Tambo Grande, ante la que el gobierno incomprensiblemente cierra no uno, sino ambos ojos. Le siguió Río Blanco, Tía María, Conga y, ahora, Cañaris en donde el nuevo presidente comunal declaró que continuará con la lucha a favor del agua y el medio ambiente, y hará todo lo posible por botar a Candente dueña de la concesión. De aproximadamente 50,000 millones de dólares en inversión y 239,807 empleos directos e indirectos que se iban a crear en la próxima década, hoy las proyecciones son de menos del 50 %. Ni Toromocho, ni Antapaccay, que ya están o estarán muy pronto operativas, podrán esconder la debacle que se le presenta al Perú por un gobierno que no atina a nada mejor que lavarse las manos cual Pilatos porque pasará a los anales de la historia como la repetición de una oportunidad perdida, tal y como sucedió con el salitre y el guano.

Loas al gobierno por querer pasar a la historia como el propulsor de la minería ilegal que, sistemáticamente, ya ha eliminado casi toda la selva virgen en Madre de Dios y envenenado sus peces y habitantes con mercurio, mientras el Ministerio del Ambiente lo único que hace es sacarse fotos en los medios atacando a la empresa formalmente constituida. Nadie duda que la empresa legalmente constituida sea materia de control si el caso amerita, pero eso no disculpa la cobardía de la inacción ante mafias de ilegales que destruyen el medio ambiente.

Esperamos que el gobierno no se dé por vencido y cambie de estrategia apostando por acciones contundentes que nos den a los peruanos la confianza de que realmente hay alguien en las riendas del poder.