La situación en Nicaragua se torna cada vez más caótica. Según una alerta de la ONU, las autoridades nicaragüenses y los grupos paramilitares vinculados a estas, han matado, torturado, violado y desaparecido a manifestantes contrarios al régimen dictatorial de Daniel Ortega, lo que está provocando un ambiente de miedo generalizado, que ha llevado a miles de personas a huir del país.
El fin de semana, un grupo de manifestantes fue duramente reprimido con bombas molotov. A punta de golpes decenas de personas fueron arrastradas y subidas a vehículos policiales durante la marcha denominada “Unidos por la libertad”. Mientras que unos 30 líderes y defensores de los derechos humanos en Nicaragua quedaron detenidos.
El secretario de la OEA, Luis Almagro, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado y organismos internacionales de derechos humanos pidieron el "cese de la represión" y la liberación de las personas detenidas. En un twitter Almagro señaló "exigimos al gobierno de Nicaragua que libere a manifestantes retenidos, respete el derecho a la protesta pacífica en el país y cese la represión y todo tipo de intimidación contra líderes políticos y la población civil".
Las protestas antigubernamentales empezaron el pasado 18 de abril, cientos de personas, en su mayoría estudiantes, exigían la reforma del sistema del seguro social. Tras meses de violencia y unos 450 muertos, el Gobierno de Ortega cedió ante la presión de la calle. Aceptó el pedido del sector privado, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas de entablar un diálogo nacional.
Ante el recrudecimiento de las protestas en las calles Ortega revocó la reforma de la Seguridad Social y dijo que la mesa del diálogo quedaba abierta para comenzar a tratar el tema con empleadores y trabajadores. Pese a su oferta el descontento en las calles se generalizó y empezaron los primeros saqueos en Managua. Luego se organizaron manifestaciones multitudinarias en la capital y varias ciudades del país, por lo que el gobierno llamó a un diálogo con la mediación de la iglesia. Conversaciones que no tuvieron un resultado positivo. Los opositores acusaron a Ortega y a su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo de instaurar una dictadura marcada por la corrupción.
En las últimas semanas miles de nicaragüenses continúan saliendo a las calles para pedir la salida de Ortega de la presidencia y la liberación de los presos políticos, más de 450, que según afirman han sido torturados. Entre las demandas está el adelanto de las elecciones del 2021 al 2019. Sin embargo, Ortega, quien gobierna desde hace 11 años, ha rechazado anticipar los comicios y acusa a los manifestantes de "golpistas" financiados por Estados Unidos.
José Daniel Ortega Saavedra, líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, ejerció su primer mandato entre 1979 y 1990 y retomó la presidencia en 2007, desde entonces ha sido reelegido en dos oportunidades, en las elecciones generales de 2011, y en las de 2016. Se convirtió en uno de los líderes más importantes de Nicaragua al formar parte de la directiva que asumió el poder con el triunfo de la Revolución Sandinista. Aquella que se trajo abajo la dictadura de la familia Somoza, sostenida con apoyo de Estados Unidos desde 1934.
La atención de la comunidad internacional está puesta en Nicaragua. Diferentes organizaciones han condenado la dura represión del régimen sandinista, como Human Rights Watch, que solicitó a Ortega permita que la Corte Interamericana de Derechos Humano ingrese al país para realizar las investigaciones correspondientes. Tanto Estados Unidos como la ONU también han condenado la violencia y el uso de la fuerza por parte de las autoridades. La situación es crítica pues ninguna de las partes cede y a falta de un diálogo, varias veces propuesto por la iglesia Católica, gran parte de los nicaragüenses exigen la salida de Ortega, para tener la libertad de empezar un nuevo camino.
