Repensar la PUCP

La renuncia del equipo rectoral de la PUCP era impostergable. Sin el apoyo de los estudiantes y de gran parte del profesorado (incluyendo a los decanos), la presencia de Marcial Rubio en el rectorado era insostenible. Por el momento, Efraín Gonzales de Olarte (vicerrector académico y el único miembro del equipo rectoral que no ha renunciado) queda como rector interino mientras se decide cómo la universidad privada más importante del país va a afrontar el problema del cobro ilegal de multas.

Lo que queda para la PUCP (y estoy seguro de que así lo harán) es asumir esta crisis como lo que siempre fue: una crisis ética y política que llama a repensar el papel de una universidad humanista en una sociedad como la peruana. A juicio de la reunión que sostuvo el anterior equipo rectoral con los representantes estudiantiles, Marcial Rubio jamás comprendió las demandas y responsabilidades que sus acciones habían generado.

Cuando los representantes estudiantiles le exigían transparencia y diálogo con la comunidad universitaria, el rector renunciante respondía que solo se iba a reunir con los “gobernantes” de la universidad y que toda la información del caso ya era pública. Para Rubio y su equipo parecía bastar con una entrevista colgada en YouTube (sí, la de Rosa María Palacios), con que los estados financieros sean públicos y con que la reunión que estaba sosteniendo con los representantes estudiantiles sea transmitida en vivo por Facebook.

Lo que no comprendió es que su responsabilidad demandaba bastante más que ofrecer una entrevista éticamente cuestionable desde el punto de vista periodístico (sí, había un grave conflicto de interés). Lo que le faltó entender es que transmitir en vivo una reunión con un audio deficiente y grabada con un celular a pedido de los estudiantes no es en ninguna parte un ejemplo de transparencia. Lo que sus acciones exigían era justificar o pedir disculpas a los propios afectados, no escudarse en que el estatuto lo hacía responsable solo frente a la asamblea universitaria. Sin ninguna duda, los órganos oficiales de representación tienen un rol importante que jugar en esta crisis, pero a quienes dañaron estas multas ilegales y a quienes el equipo rectoral debía respeto y explicaciones claras, sencillas y accesibles era también a los estudiantes afectados que no se sienten representados en el consejo universitario.

Por si fuera poco, Rubio y su equipo no hicieron mayores esfuerzos por asumir su responsabilidad como autoridades de la PUCP frente al país. Una universidad que se dice humanista y que tiene por objetivo estar “al servicio del Perú” no puede vulnerar leyes constitucionales y guardar silencio al respecto. Al contrario, las autoridades debieron brindar explicaciones públicas y cumplir con su rol educativo hacia nuestra sociedad. Y es que, como han señalado el filósofo Miguel Giusti y el jurista Andrés Calderón, la escueta justificación que ofreció Marcial Rubio de su accionar (“el fin justifica los medios”, de acuerdo a Giusti) no es solo éticamente cuestionable, sino que podría ser utilizada por otras instituciones para vulnerar la ley. A sabiendas de que este es un tema que envía un mensaje público y de que los estudiantes vienen protestando hace varias semanas, es inentendible que el equipo rectoral haya manejado esta crisis como si fuera solo una crisis interna que se resuelve en la asamblea universitaria.

Como exalumno de la PUCP, sé que la universidad tiene alumnos y profesores comprometidos que sabrán afrontar esta crisis a cabalidad. La universidad continuará existiendo y este hecho posiblemente no merme su prestigio. Sin embargo, se debe aprender de los errores de las autoridades salientes y asumir que esta crisis demanda una respuesta ética y política adecuada. Es este el momento en el que debemos repensar qué significa ser una universidad humanista en un país como el Perú. No dejemos pasar esta oportunidad.