Renuncias en medio del fuego

En los días siguientes al blindaje del fiscal supremo Pedro Chávarry –que terminó obligando al presidente Martín Vizcarra a pedir la cuestión de confianza–, la mayoría fujimorista en el Congreso, con el apoyo del Apra, ha acrecentado su enfrentamiento con el Gobierno hasta reconducirlo, prácticamente, hacia una guerra abierta contra el Estado de derecho y contra el país, una guerra que afecta incluso a los propios fujimoristas con las nuevas deserciones que se vienen registrando.

No de otra manera se puede entender la seguidilla de ataques y amenazas, que van desde las proferidas por Héctor Becerril contra los fiscales del equipo especial Lava Jato hasta las de Karina Beteta contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry –a quien buscan remover del cargo, a como dé lugar–, pasando desde luego por la habitual y digitada pertinacia de Rosa Bartra en la Comisión de Constitución, la cual encabeza.

Todo esto, por si fuera poco, en la misma semana en que se difundió un video en el que se observa al blindado Chávarry asistiendo a una bulliciosa cena en casa del prófugo exjuez supremo César Hinostroza, que podría sumarse como evidencia de los vínculos de la mafia judicial de Los Cuellos Blancos con congresistas de la mayoría, como sostienen la fiscal encargada del caso, Sandra Castro, y un nuevo aspirante a colaborador eficaz del Ministerio Público, quien ha descrito con detalle la injerencia de la cúpula de Fuerza Popular (FP) en las decisiones del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.

Es decir, si hasta ahora el derrotero del fujimorismo y el Apra en el Parlamento era obstruccionista y saboteador, los indicios apuntan a que las órdenes que llegan de Santa Mónica son pasar a la ofensiva total, cual zafarrancho de combate, sin medir las consecuencias para el país.

Es en ese sentido que se pueden entender las dos recientes renuncias –Francisco Villavicencio y Nelly Cuadros, que redondean 20 dimisiones al partido desde 2016– que ha sufrido la hueste keikista en el Congreso. El curso de las últimas maniobras de FP sobrepasa límites no solo éticos, sino legales: hasta en sus propias filas ya no deben ser pocos quienes se sientan alarmados con los extremos a que está llegando la bancada para defender intereses que, ni por asomo, son los intereses del Perú.