El empresario Ricardo Briceño ha presentado ayer su libro ¿Qué hago yo aquí?, en el cual detalla de manera pormenorizada cómo es que el fiscal José Domingo Pérez lo termina incluyendo en una acusación en el llamado caso Cocteles sin pruebas ni testigos que lo acusen y desechando los elementos de descargo que demostraban su inocencia.
“En este juicio, algunos son acusados de captar fondos, otros de «pitufearlos»… otros son acusados de lavado de activos, de obstrucción a la justicia, y varios delitos más. El denominador común de la gran mayoría de los imputados es que tuvieron vínculos o contactos con Keiko Fujimori o con miembros de su organización. Yo soy el único que jamás tuvo cercanía con el partido fujimorista… El 1 de julio de 2024 se instaló la audiencia. Desde entonces, asisto a un desfile de argumentos jurídicos y procedimentales que, a decir de muchos especialistas, hará a nuestro sistema de justicia perder mucho tiempo sin lograr ninguna condena. Siento que formo parte de un show que nadie ha podido detener y que me va a arrastrar a un juicio absurdo, donde se llamará a declarar a más de mil setecientos testigos y se presentarán seis mil pruebas”, dice el expresidente de Confiep en una emotiva página del adelanto publicado ayer, en exclusiva, por Perú21.
El caso, que seguramente pasará a la historia del derecho peruano como un absurdo jurídico clamoroso, pone en evidencia el afán de protagonismo de fiscales como José Domingo Pérez, que han politizado completamente un proceso destinado a alargarse hasta las calendas griegas.
Está claro que el empresario no solo no conocía a los líderes de Fuerza Popular de entonces, sino que además tampoco existen correos, cheques o trasferencias que lo comprometan con los tejemanejes de ese partido. Todo lo que hizo Briceño, desde su puesto en la Confiep, era lo que le correspondía: desarrollar una campaña educativa para fortalecer las nociones de libre mercado, que se publicó en los medios antes de iniciada la carrera electoral de 2011.
El libro debería ser tomado en cuenta no solo como un relato de protesta contra una injusticia, sino como señal de alerta para los órganos jurisdiccionales, que deben velar porque la lucha contra la corrupción no se convierta en venganza o inquina por sesgos ideológicos o caprichos del operador fiscal o judicial.
Y en estos tiempos en que los poderes del Estado andan tan cuestionados, el abuso contra este empresario no ayuda en nada a levantar la empañada imagen del Ministerio Público.
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