Una regulación de Boutique

La semana pasada, el Ejecutivo envió al Congreso su proyecto de ley sobre el control de concentraciones, para promover la “eficiencia en los mercados” (MEF). Si bien existe un consenso entre expertos a favor de la iniciativa, a nivel mundial se puede identificar dos puntos controversiales ligados a esta regulación, pero primero es importante entender en qué consiste.

El “control de fusiones” es un mecanismo por el cual dos o más empresas, de un mismo mercado, que deseen concentrar sus actividades, tendrán que notificar a la autoridad de competencia (ej. Indecopi) los pormenores de tal operación, para que esta pueda evaluarla e identificar los riesgos que afectarían a los consumidores. Así, si la operación es riesgosa, se recomendarán modificaciones o se rechazará.

La primera controversia se vincula a la amplia heterogeneidad entre las regulaciones de los países que optaron por el control. Por ejemplo, entre los miembros de la OECD no hay un consenso sobre los umbrales de aplicación, ya que de los 30 países con el control, se identifican más de seis tipos de umbrales (ej. ventas, activos, valor de transacción) y no hay indicios de que uno sea mejor que otro (Westlaw).

La segunda se vincula a la efectividad de la regulación, cuya aplicación es onerosa. Por ejemplo, en la Unión Europea, de 2012 a 2016 se sometieron al control de fusiones 1,553 operaciones, de las cuales 1,460 (94%) se aprobaron sin objeciones, 85 (5%) se aprobaron con cambios y solo 8 (1%) se rechazaron (EU Antitrust Commission). ¿Pólvora en gallinazo?

El reto del Congreso no es terminar importando una moda regulatoria de lujo (i) que carece de consenso en su diseño y (ii) que absorberá muchos recursos, sin aparente justificación.