Vista panorámica del centro financiero de Lima, en San Isidro. (USI)
Vista panorámica del centro financiero de Lima, en San Isidro. (USI)

Haciendo uso ineficaz de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el Gobierno lanzó, a la antigua usanza, un paquete con decretos en materia tributaria, laboral y social.

El paquetazo fue un recurso del gobierno de Velasco cuando quiso destruir la estructura social y económica del país y un clásico en el primer gobierno de García en su afán de corregir las barbaridades económicas de su nefasta gestión.

Así como la violencia contra la mujer no se va a reducir “democratizando” a la familia, el déficit fiscal y la debilidad estatal no se corregirán con un paquete tributario oportunista de ideología antiempresa.

Nuestro deterioro económico se debe a un Estado sobredimensionado e ineficiente, y a la creciente informalidad que consume fondos públicos y no aporta.

Necesitamos reformas estructurales y reglas estables al sector productivo, no paquetes y amagos populistas.

Un Estado eficiente, promotor de riqueza, no se financia elevando los impuestos a los que ya pagan, encareciendo los préstamos a las empresas, sobregravando los autos nuevos, penalizando al vino, la cerveza y la leche de almendra.

¡La baja recaudación no se arregla amenazando gerentes con expropiarles su patrimonio por errores de gestión y menos triplicando el impuesto predial a los pocos contribuyentes que ya lo pagan!

¿A quién se le ocurre que el Estado recaudará más insistiendo en una legislación laboral absurda, que solo protege la ineficiencia en el trabajo y desalienta la generación de empleo?

¿Incrementará acaso la recaudación y el empleo multando a las empresas formales que no tienen manual de funciones o un lactario hecho a medida? No, la debilidad fiscal no se corregirá fustigando al sector privado y a la clase media. Por el contrario, solo generarán recesión, más desempleo e informalidad. ¡Seremos más pobres!

Los paquetazos funcionarán cuando apunten al redimensionamiento del Estado, a la productividad y a la generación de riqueza. Hablando de urgencias legislativas, ¿qué tal un referéndum para reducir los ministerios y para contraer el gasto público? ¿Otro que propicie el uso intensivo de la tecnología digital, para agilizar y transparentar los servicios?

¡Qué bueno sería un referéndum que simplifique y amplíe la tributación, que estandarice las exigencias municipales y que reforme por fin la arcaica y populista legislación laboral!

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