(GEC)
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Todo indica que la Comisión del Congreso para la Reforma del Sistema de Pensiones ha decidido elaborar un proyecto que, una vez más, hace oídos sordos a las recomendaciones de los especialistas y las entidades del sector. A falta de divulgarse el producto final de las elucubraciones de estos parlamentarios, ya se teme lo peor.

Por lo pronto, se está hablando de modificaciones que apuntan a una suerte de sistema “mixto” en el cual los actuales aportantes terminarán financiando “pensiones solidarias”, a través de un fondo que saldría de sus propias contribuciones individuales. Ello, con el objetivo de crear una bolsa común (llamada “fondo de riesgo compartido”) que supuestamente garantizaría pensiones mínimas para todos, pero que en la práctica será un nuevo impuesto a la clase media, cobrado a través de lo que hasta ahora eran aportes voluntarios.

La participación del Estado en el sistema crecería también de manera significativa, pues el proyecto de ley incluye la creación de una entidad cuya tarea sería el manejo, recaudación, cobranza y fiscalización de los fondos previsionales. Conociendo la eficiencia de la administración pública en el Perú, no es difícil prever la cantidad de problemas que esto acarreará y, sobre todo, costará, pues de eso se trata: de la plata de los contribuyentes. El engendro que prepara la comisión que preside la congresista Carmen Omonte implica, entonces, una regresión en toda regla, otra vez hacia modelos previsionales que dependerán de la habitualmente paquidérmica y morosa gestión estatal.

Había un consenso general sobre la necesidad de hacer cambios en nuestro sistema de pensiones, pero de ahí a introducir modificaciones que podrían implicar la expropiación abusiva de buena parte de los aportes individuales, hay un abismo conceptual. Y volver a fórmulas previsionales basadas en modelos superados debido a su histórica ineficiencia será simplemente catastrófico para los peruanos.