(Foto: Presidencia Perú)
(Foto: Presidencia Perú)

La repartija no tiene cuándo parar. Este gobierno parece decidido a batir todos los récords anteriores de copamiento partidario del Estado, especialmente en lo que respecta a la escasa o nula idoneidad de quienes están siendo nombrados para ocupar cargos de alto o mediano nivel. Sin embargo, a este agravio en contra de la administración pública –la incompetencia flagrante de buena parte de estos nuevos funcionarios− se le debe sumar ahora el riesgo que puede significar para la seguridad nacional.

, desde el Ministerio del Interior se están asignando al cargo de prefectos en distintas regiones del país a conspicuos militantes de la Fenatep, la federación de docentes fundada por el presidente Pedro Castillo, que, como se sabe, está integrada también por profesores ligados al Conare-Sute, organismo de fachada del Movadef senderista. Y buena parte de los nuevos prefectos cuenta con abultados antecedentes en los registros de Inteligencia.

De ahí la preocupación, pues las prefecturas se encargan de fiscalizar a autoridades del interior del país como subprefectos, tenientes gobernadores, alcaldes y gobernadores regionales, y puestas en manos de personas que, aunque de momento solapen su adscripción al así llamado “pensamiento Gonzalo”, son totalmente ideologizadas, las convertirán en una amenaza latente para el Estado de derecho.

Amenaza que, por lo demás, se agravará en zonas donde la informalidad ha avanzado a tal punto que la presencia del Estado es nula o mínima, y que es precisamente donde la prédica extremista suele calar entre los ciudadanos. No es pues como para pasar por alto estos nombramientos, firmados hace una semana por el ministro Avelino Guillén, a instancias de otro miembro de la Fenatep, el profesor chotano José Rafael Heredia, quien se desempeña como director general de Gobierno Interior.

Los prefectos son servidores públicos que, por la naturaleza de las tareas que están obligados a cumplir, deberían ser ajenos a cualquier filiación ideológica o política, sea partidaria o no. Que el gobierno haya decidido entregar esas prefecturas a personajes de tan dudosas credenciales no es más que una nueva señal de desprecio por las instituciones encargadas de cautelar el ordenamiento democrático del Perú.

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