¿Refundados o refundidos?

Los peruanos que han perdido su empleo en los últimos 6 meses llenarían 44 estadios nacionales (2,2 millones). Generar esa cantidad de empleos competitivos (para que los sueldos sean estables en un mundo cada vez más tecnificado) requiere inversión privada. Una asamblea constituyente, como algunos proponen, genera incertidumbre, lo que posterga esa inversión y generación de empleos. Para esos 44 estadios repletos, tiene el mismo efecto que otro virus.

El Perú ha tenido 12 constituciones, seguramente iniciadas con grandes aspiraciones fundacionales, pero parece que no tuvieron éxito. Con 200 años de república, es un papelón requerir acuerdos de gobierno a gobierno para hacer infraestructura rápidamente y sin corrupción. Conseguir un Estado eficaz y no corrupto no tiene nada que ver con la Constitución, sino con leyes más detalladas y aburridas. Como siempre, el diablo está en los detalles, en la letra chiquita. Da flojera, pero rinde frutos. Los problemas del Perú requieren menos declaraciones altisonantes y más trabajo aburrido pero constante. A quienes nos gustan las matemáticas, sabemos que mejorar 1% cada día implica 3,778% de mejora en un año, nada genera más cambio real.

Hablar de asamblea constituyente en genérico implica no transparentar los motivos y precisiones de lo que se quiere cambiar. Antes de hablar de una nueva Constitución como si fuera una maravilla curativa llame ya, valdría la pena especificar en detalle qué se quiere reformar, para qué y basado en qué evidencia. No hacerlo puede ser entendido como un aprovechamiento manipulador del hartazgo ciudadano frente a un Estado disfuncional, que no le da servicios ni le garantiza derechos.

Ojo que, si bien la propuesta de nueva Constitución viene desde la izquierda, la manipulación puede darse desde cualquier extremo. El sector más conservador puede usarlo para sus propios fines. En las últimas dos décadas, varios políticos han planteado referéndums para aprobar la pena de muerte, basados en la aprobación mayoritaria de la opinión pública para algunos casos (87% en 2018 para violadores de menores) y fue el Tribunal Constitucional quien impidió en 2007 esa vía por estar prohibido en la actual Constitución. También podría consolidarse la oposición al matrimonio igualitario (alrededor de 60% de oposición entre 2014 y 2019). La homofobia ya ha sido utilizada como arma política en referéndums en otros países de la región.

Cuando las reformas se evalúan tema por tema, se discuten mejor que en un solo paquete. Acabamos de sacrificar la bicameralidad y la libertad de poder reelegir congresistas porque se metió tramposamente en ese paquete una distorsión total del voto de confianza. Las discusiones constitucionales requieren calma y no efervescencia. Las élites peruanas han sido incapaces de crear un espectro político con posiciones modernas y equipos técnicos que sepan modernizar el Estado, mientras la informalidad hacía metástasis. En vez de sucumbir a elucubraciones fundacionales, ¿por qué no ponerse en los zapatos y problemas concretos de los peruanos sin chamba?