(Foto: archivo GEC)
(Foto: archivo GEC)

Ya con algunas evidencias en mano sobre los nuevos contagios y los casos graves que llegan a hospitales, el Minsa dispuso esta semana que, a partir del día 23, las personas mayores de 50 años estarán obligadas a presentar, al momento de ingresar a los establecimientos cerrados, el esquema completo de vacunación: es decir, las dos dosis + la vacuna de refuerzo.

Es una medida razonable, pero sería más razonable que el gobierno haga un esfuerzo por adquirir más pruebas para el COVID, de manera que no solo se pueda testear mejor el avance de la enfermedad para activar los cercos epidemiológicos, sino evitar también las enormes colas que se vienen observando en los últimos días para descartar una posible infección.

Con mayor número de pruebas y una distribución adecuada, se podrían descentralizar los puntos de análisis y hacer más fluido el proceso.

Las cifras que está registrando el Ómicron en el país son de hecho alarmantes. El miércoles pasado, el Minsa informó que en solo un día los contagios se triplicaron, pasando de 4,067 a 12,740 casos diarios. Un salto gigantesco que se explica en los eventos sociales alrededor de Navidad y Año Nuevo, y que a no dudarlo se prolongarán con la temporada veraniega. Y no se trata solamente de playas atestadas, pues no son pocos los balnearios que están tomando medidas; las actividades nocturnas asociadas a la canícula estival, por mucho toque de queda que se imponga, traerán su cola de infecciones, para las que las autoridades sanitarias deben estar preparadas.

La velocidad con que se están expandiendo las infecciones ha obligado a que se replanteen restricciones, pero con ello se activaron también los cuestionamientos sobre la eficacia de, por ejemplo, el adelanto del toque de queda, que está devastando al ya alicaído rubro restaurantero, así como las dudas alrededor del anunciado retorno a la presencialidad en los colegios para el mes de marzo, pero de cuya estrategia se sabe poco, amén de las interminables contradicciones entre el Minsa y el Ministerio de Educación.

El reto es grande, pero el gobierno tiene que crecerse al castigo y –con perdón del término– avivarse para proteger a la población causando el menor daño posible a la economía y al año escolar de los niños peruanos.

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