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#ReformaYaNoYá

“El Gobierno emplea la reforma política para arremeter contra el Congreso que, por la dinámica propia del trabajo legislativo y por su desconcierto frente al tema, queda muy rezagado frente a la presión impuesta”.

Martin Vizcarra

El presidente Martín Vizcarra respaldó al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.  (Foto: Presidencia)

#ReformaYaNoYá. (Foto: Presidencia)

Carlos Meléndez
Carlos Meléndez

Una reforma política real se erige sobre una idea que sirva de columna vertebral. Ésta normalmente es la solución tentativa a un delicado problema identificado y que requiere resolución urgente. Por ejemplo, la primera fase de las reformas vizcarristas precisaron, inicialmente, la gravedad de la distancia entre los representantes políticos y los ciudadanos. Coherentemente, se organizaron distritos electorales más acotados, una representación política descentralista, paridad y mecanismos de participación directa (vía referéndum). Las medidas fueron materia de discusión, pero el diagnóstico fue aceptado por la mayoría.

La segunda fase de la reforma política vizcarrista toma esta premisa: el diseño institucional vigente configura un Ejecutivo desprotegido. Por lo tanto, haría falta reformular el equilibrio de poderes, en el cual, al Legislativo se le reste capacidad de veto sobre el Ejecutivo (se propone eliminar la vacancia presidencial por “incapacidad moral” y prohibir la censura al gabinete el ultimo año, etc.) y, a la vez, pierda inmunidad bajo potestad del Poder Judicial (la Corte Suprema de Justicia se encargaría de procesar congresistas). Además, la propuesta de elección parlamentaria en segunda vuelta presidencial otorgaría poder mayoritario al Presidente en el Congreso. Es una medida nefasta porque va en detrimento del pluralismo político, no resuelve la fragmentación (que es post-electoral), y crea las condiciones para una tentación autoritaria.

Sería injusto reducir el trabajo de la Comisión de Alto Nivel al campo del sistema político. De hecho, considero valiosas sus contribuciones en materia de anti-corrupción. Pero el uso polarizador de la reforma política de parte del gobierno hace que sobre salga la vocación “pro-Ejecutivo” de los planteamientos.

Como es evidente, el gobierno emplea la reforma política para arremeter contra el Congreso que, por la dinámica propia del trabajo legislativo y por su desconcierto frente al tema, queda muy rezagado frente a la presión impuesta. Al respecto, varios medios de comunicación fungen de fuerza de choque del oficialismo. Ni la prensa ni la academia promueven el correspondiente debate. Opinólogos, consultores de la cooperación internacional y “sociedad civil” (esa forma pomposa de llamarse entre amigos) han elevado las propuestas a la altura de sagradas escrituras, como si fuese una reforma ya-no-yá! La soberbia de lo “políticamente correcto” no acepta críticas.

Lo más indignante, sin embargo, es que fue el propio gobierno, que agita el emblema reformista, el que perpetró el daño más grave al sistema político con la prohibición de la reelección parlamentaria, tan impopular como necesaria. Y desperdició la oportunidad de una bicameralidad con renovados distritos cuando contaba con apoyo social. Así, cada vez que Vizcarra y Del Solar refieren su preocupación por la reforma política, no hacen sino delatarse como falsos institucionalistas. La comisión de expertos cedió en lo relevante (representación congresal) y no dio pelea en lo fundamental (reelección parlamentaria). ¿Se quiere una reforma política para fundar un nuevo pacto social o para seguir desprestigiando a alicaídos rivales políticos?

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