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El reciente proceso electoral ratifica la urgencia de un conjunto de reformas. Tratando de contribuir al debate vengo proponiendo algunas. Así, en el artículo anterior, mencionaba la necesidad de eliminar las organizaciones políticas locales para tratar de estructurar un sistema de partidos nacionales.

Esto no puede hacerse para favorecer el statu quo y solo tendría sentido cambiando de manera sustantiva los requisitos de entrada, la vida política interna y aumentando las obligaciones para la permanencia. El Perú debería aspirar a no tener más de cuatro o cinco partidos, no entornillados, sino con una fluida posibilidad de entrada y salida que permita continuidad y cambio en la oferta política.

Coincido con los que plantean que mucho más importante que las firmas para inscribir a un partido es la exigencia de comités regionales, provinciales y distritales en un porcentaje muy alto de las localidades, con un número de militantes públicamente acreditados en cada comité, con derechos y responsabilidades en la vida partidaria. Se debe exigir el principio de un militante-un voto para todas las decisiones relevantes y primarias obligatorias con voto universal de los miembros, fiscalizadas por la ONPE.

Otro de los requisitos indispensables es la severa fiscalización de los gastos de campaña (la que solo es posible con un universo pequeño de partidos), donde se exija contabilidad detallada del gasto, sanciones administrativas muy severas (que pueden llegar a la pérdida de inscripción) e incluso penales cuando corresponda. A cambio de ello se podría insistir en la impopular medida de financiamiento público a los partidos.

Hay muchas otras reformas en discusión, como la eliminación del voto preferencial o el voto voluntario, etc., que, en conjunto, merecerían una discusión mayor. Pero me temo que poco o nada se va a hacer por la sencilla razón de que quienes tienen que tomar las decisiones son hijos del sistema que habría que cambiar.