Martín Vizcarra está dispuesto a dialogar con los ciudadanos arequipeños. (Foto: César Campos/GEC)
Martín Vizcarra está dispuesto a dialogar con los ciudadanos arequipeños. (Foto: César Campos/GEC)

Gran parte de los 16 meses de presidencia de Martín Vizcarra han tenido a la opinión pública entretenida en una agenda reformista (judicial y política). Amparado en la necesidad de respuesta institucional a la crisis de corrupción generalizada del país, nuestro mandatario apuró una reforma de justicia que se ha descarrilado. La frustrada elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y el reciente retiro del Tribunal Constitucional del Consejo para la Reforma de Justicia suponen serios reveses para la iniciativa del Ejecutivo, que contó con la legitimación elitista de “notables” y con la popular, vía referéndum. Gracias a la precocidad vizcarrista, hoy el país carece de órgano de selección y destitución de magistrados.

La reforma política, otro tanto; pues lo que mal empieza, mal termina. La prohibición de la reelección parlamentaria es una traición para cualquier institucionalista y amerita, además, el retiro del apelativo “republicano” de cualquier impronta del Ejecutivo. A ello se suma la reducción de la agenda reformista a un formato breve, a raíz del filtrado –por el propio Ejecutivo– del extenso paquete de hipótesis propuestas por otra comisión de “notables”. Aun así, dicha empequeñecida agenda de apuestas está siendo alterada por la Comisión de Constitución, pues la preservación de la “esencia” reformista no elimina las lagunas propensas a alteración. El resultado más probable será una contra-mini-reforma; una burla, en español castizo.

Aunque las iniciativas reformistas distan de cumplir los objetivos que teóricamente las inspiraron (luchar contra la corrupción y mejorar la representación política), han beneficiado ciertos fines más mundanos. Entre otros, la proyección pública del Legislativo como “inútil y lento” y la capitalización política de su desprestigio; la acotación del debate a lo “políticamente correcto”, mientras se descuidan otros sectores de reforma urgentes y relevantes; y el apoyo político de sectores académicos, no gubernamentales y de cooperación internacional. ¿Por qué voces sensatas secundan la estrategia distractora del Ejecutivo? Porque al plantear la agenda reformista en términos maniqueos (“buenos” contra “malos”) se anula el debate técnico de fondo (eficiencia versus nulidad), lo cual coadyuva a la alineación de políticos, prensa, reformólogos y opinólogos. Cualquier crítica es leída como “aprofujimorista”.

Como elegantes cortinas, las reformas vizcarristas ocultan la ineficiencia de la actual gestión, el atarantamiento a cierta prensa crédula y las limitaciones de nuestra intelectualidad.

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