Asegura que los partidos políticos se resisten a ser transparentes.
Asegura que los partidos políticos se resisten a ser transparentes.

Nunca en las últimas décadas la necesidad de reformar el sistema de justicia había cobrado la relevancia como en esta semana. Hemos, con una mezcla entre pudor y asco, escuchado cómo los jueces, consejeros y fiscales encargados de administrar la ley se compran y se venden en una orgía decadente de chifas, verdecitos y facilidades. La cuestión –y vamos con la mano en el pecho– es que toda esta bosta existe hace tanto como nuestra república. Y este descenso al averno de la pestilencia es también una oportunidad.

Pocas veces será más sencillo lograr consenso entre las fuerzas políticas para empezar una verdadera reforma en nuestra justicia. Habrá quienes se abstengan o calmen su ímpetu porque atacar la corrupción podría terminar siendo un acto suicida; pero ellos son parte del problema. Tratemos de ver la solución: lo primero que debemos señalar es la cantidad de dinero que el Estado invierte en la administración de justicia. Basta con decir que, en la región, solo Bolivia y Paraguay andan detrás de nosotros. Sin presupuesto no hay paraíso.

Pero no acaba allí el tema: la falta de recursos no solo afecta a aquellos que administran la maquinaria legal, sino a quienes la usan (o sufren. Sufren es mejor verbo): el costo de asumir la legalidad en el Perú es altísimo. Nuestro sistema es una maraña de normas contradictorias llenas de vacíos y redundancias que convierten la práctica legal en el campo perfecto para putos, pillos y serpientes. En un sistema en el que los jueces y los fiscales corruptos son nombrados por miembros de un Consejo Nacional de la Magistratura corrupto, elegido –a su vez– por más corruptos.

La reforma judicial pasa, necesariamente, por un cambio en la Constitución. Ojo: un cambio en la Constitución no es un cambio de Constitución. Es una enmienda hecha dentro del propio marco que el texto plantea. ¿Y qué es lo que debemos esperar en ese cambio? Tres cosas: i) disminuir la cantidad y complejidad de nuestras leyes, ii) agilizar los procedimientos para remover y procesar a los corruptos y iii) permitir el fortalecimiento de nuevas formas de justicia, como el arbitraje inapelable. Hay que convertir a este elefante blanco en una hormiga atómica.

O lo hacemos, o el modelo republicano no es sostenible. Si los ciudadanos dejan de creer que los problemas solo pueden ser resueltos por el Estado, deja de tener sustento, así como la democracia. Así que, señores gobernantes, el futuro de la paz y la libertad de nuestra patria está en sus manos. Y los estamos mirando.