El examen para la Junta Nacional de Justicia (JNJ) estuvo compuesto por 50 preguntas que fueron elaboradas con diferente grado de dificultad. (Foto: GEC)
El examen para la Junta Nacional de Justicia (JNJ) estuvo compuesto por 50 preguntas que fueron elaboradas con diferente grado de dificultad. (Foto: GEC)

La modificación del cronograma del concurso para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ente que deberá reemplazar al ya tristemente célebre Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), por mucho que haya para acortar plazos, no hace sino sembrar nuevas dudas sobre el tema.

Ya con el concurso público llevado a cabo hace unas semanas, el proceso comenzó a andar un poco chueco, al ser solo tres postulantes los que lograron pasar la prueba de conocimientos. Es cierto que todavía falta la etapa de las entrevistas personales, así como los exámenes sicológicos y sicométricos, pero de ese ridículo número de aprobados saltaron también las alarmas al verificar algunos antecedentes profesionales y chirriantes actividades en las redes sociales, nada apropiadas para futuros funcionarios que elegirán y nombrarán jueces y fiscales en todas las cortes del país.

Luego de conocerse los resultados, el cuestionario de la prueba de conocimientos recibió, asimismo, acres críticas de notorios jurisletrados locales, con lo que de paso se llevaron de encuentro a la Comisión Especial encargada de escoger a los miembros de este nuevo ente, integrada por representantes del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Contraloría y universidades nacionales y privadas.

Definitivamente hay algo que ahí no está funcionando, pero tiene que resolverse en un plazo más que perentorio. No perdamos de vista que la JNJ, para empezar, tendrá que realizar un riguroso trabajo de revisión y designación de puestos claves en distintas judicaturas nacionales, no pocas de ellas aún bajo el dominio de la red mafiosa de Los Cuellos Blancos.
Si se busca que la renovación y saneamiento del Poder Judicial sea real y no un mero cambio de nombres en la cúpula, debe alcanzar a todos los tribunales del país y el entorno institucional en que estos se desempeñan.

Solo así se devolverá la credibilidad a un sistema que se resiste a salir del estado de emergencia en que se encuentra desde los últimos escándalos de corrupción que salieron a la luz. De ahí la lógica preocupación por lo que está pasando y lo que pueda pasar con este proceso de selección.