Martín Vizcarra se convierte en tendencia global en Twitter tras anuncio de adelanto de elecciones (Anthony Niño de Guzmán/GEC)
Martín Vizcarra se convierte en tendencia global en Twitter tras anuncio de adelanto de elecciones (Anthony Niño de Guzmán/GEC)

Si hay algo que me llama la atención como jurista es la ligereza con la que ciertas democracias levantan la bandera de la reforma constitucional cual talismán para sus problemas. En República Dominicana, desde donde escribo, hemos pasado días de angustia mientras se deshojaba la margarita de la reforma constitucional para permitir la repostulación del presidente. En el Perú se plantea la reforma para resolver problemas inmediatos: convocar elecciones anticipadas.

Quizás la primera reforma constitucional que habría que emprender es la de impedir reformar un texto constitucional en beneficio de una opción política: aquella que –¿casualmente?– la promueve. Puede ser deformación profesional, por mi oficio de juez, pero cuando uno es juez y parte a la vez, se contamina el proceso. Quizá ciertas Constituciones no blindaron suficientemente el camino a su modificación. Y, por tanto, no desarrollaron la regla de oro de que el beneficio no debería ser tan reconocible en la “parte” que la instó.

Una reforma constitucional es y debe ser un ejercicio técnico jurídico muy cauteloso. No es la mejor vía para resolver un problema político coyuntural e inmediato. Requiere reflexión y cierto pudor para evitar que parezca que quien la insta solo busca su provecho personal.

Tomemos el caso de España, que vive su peor crisis constitucional desde hace unos años. Aunque hay voces aisladas, no se considera resolver el problema reformando la Constitución. Qué bueno sería poder hacerlo y eliminar, por ejemplo, el artículo que declara la indisolubilidad de la nación española. Es lo que pretenden los independentistas. Solucionaría un problema político inmediato, pero, aparte de su beneficio, ¿resolvería el problema de fondo?

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