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Hace unos días el directorio del FMI aprobó el informe de Perú conforme al Artículo IV de su Convenio Constitutivo. Este fue bastante favorable a pesar de reconocer que la pandemia nos afectó significativamente en el 2020 debido al riguroso confinamiento que el Gobierno tuvo que implementar por la limitada capacidad del sistema de salud. Esto no logró frenar el virus debido a la alta informalidad de la economía y causó una profunda recesión, a pesar de las medidas de estímulo fiscal implementadas y la política monetaria que estabilizó los mercados financieros, ambas consideradas acertadas por el Fondo. No así los retiros de fondos en las AFP que comprometen las futuras pensiones.
El Fondo también alabó nuestra situación macroeconómica, que aún considera fuerte a pesar del enorme esfuerzo fiscal realizado en el 2020 debido al aún bajo nivel de endeudamiento público, inferior al de economías emergentes comparables. Por ello recomendó mantener una política fiscal expansiva que apoye a las familias y acelerar la inversión pública. Aun así, sugirió preparar un nuevo Marco Macroeconómico Multianual basado en supuestos más realistas que permita volver a aplicar las reglas fiscales en el futuro cercano. Esto requerirá ajustes en la política tributaria y en la administración de ingresos públicos y una racionalización del gasto.
El informe denotó preocupación por el impacto de la segunda ola sobre el crecimiento económico e indicó que sólo será posible crecer a 8.5% si se controla la pandemia rápidamente para así impulsar la demanda interna y aprovechar los favorables precios de nuestras exportaciones. Para ello recomendó acelerar el ritmo de vacunación e implementar mejores medidas de contención del virus. También mostró preocupación por la incertidumbre política que podría frenar la inversión debido al riesgo de cambios institucionales que podrían afectar nuestro crecimiento, lo que ya ha venido ocurriendo. No mencionó las próximas elecciones ni sus riesgos.
Finalmente, concluyó en la necesidad de fortalecer al sector salud, reducir la informalidad, aumentar la inclusión financiera y mejorar la cobertura de internet; además de recomendar el diseño der una estrategia centrada en: (i) aumentar la productividad en línea con el Plan Nacional de Competitividad, (ii) incrementar la protección social reduciendo los incentivos a la informalidad y (iii) fortalecer la gestión del Gobierno. Nada de esto es novedad, pero no lo estamos haciendo, y en muchos casos nos movemos en la dirección opuesta.
