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Santiago Pedraglio,Opina.21spedraglio@peru21.com

¿Qué significará para el expresidente y seguro candidato aprista para el 2016 lo de "dilaciones y tropiezos"? ¿Poca agilidad para aprobar estudios de impacto ambiental? ¿Morosidad administrativa? ¿Falta de firmeza para reprimir a poblaciones que se oponen a la inversión minera o exigen claridad y respeto a sus derechos?

El dato habla de una cifra importante. Sin embargo, no se puede obviar que los procesos de inversión en América Latina se han complejizado. Hoy existen varios actores en juego: el Estado, los inversionistas y, como nuevo factor significativo, las poblaciones de las zonas involucradas.

Para establecer un parámetro: en Chile, país ideal en el imaginario de muchos inversionistas y políticos peruanos, incluido AGP, según El Mercurio (12.8.2013), los conflictos con sus comunidades (que tienen mucha menos población que en el Perú) han retrasado inversiones en el sector minero y energético por US$33,700 millones. Allí están, embalsados, proyectos que implican más de tres veces la cifra que García ha dado para el Perú.

De la cifra mencionada por El Mercurio, una buena parte corresponde a "iniciativas eléctricas"; en minería, el monto paralizado es de US$9,900 millones. Según su fuente (CBC, Economía y Negocios), le siguen, en proyectos mineros paralizados, el Perú, con US$6,400 millones; Colombia, con US$4,000 millones; y Uruguay, con US$3,000 millones.

El complejo desafío para la región –no solo para el Perú– es lograr que el Estado, al mismo tiempo que reconoce la opción de no estar de acuerdo, trabaje para garantizar los derechos de las comunidades que aceptan convivir con las industrias extractivas y para asegurar que la inversión equivaldrá a beneficios sostenibles para sus habitantes.