[OPINIÓN] Rafael Belaunde Llosa: “Más pobres en un país menos rico: el legado del ‘prosor’”

Recibimos con tristeza, pero sin sorpresa el último informe del INEI respecto del aumento de la pobreza en nuestro país. La cantidad de peruanos viviendo en situación de pobreza aumentó del 25.9% de la población en 2021 a 27.5% en 2022, producto de la ineptitud, improvisación y corrupción del gobierno de Pedro Castillo y sus socios políticos.

Más de nueve millones de peruanos viven hoy por debajo de la línea de pobreza. En el recuerdo quedó ese país, que en 2004 tenía una tasa de pobreza de 60% y la redujo a 26% en 2011 y a 20% en 2018.

Esta desastrosa situación se colige, coherentemente, de las propuestas de gobierno, gabinetes y funcionarios nombrados por el golpista Castillo en sus 14 meses de caótica y corrupta gestión. Dejaremos para otro momento las razones de la punción tanática, que llevó a un amplio espectro del electorado a elegir una alterativa que, a fin de cuentas, fue lo que prometió: más hambre, más corrupción y golpe a las instituciones democráticas.

En 1990, el Estado peruano, entendido como la institucionalidad organizada para actuar en favor de la colectividad, era realmente una moneda al aire. Con menos de 4% de presión tributaria -menos de lo requerido para pagar, siquiera, la planilla del sector público-, hiperinflación -que pulverizaba los ingresos de los peruanos- y la subversión ad portas de tomar el poder, se dibujaba un panorama lúgubre para nuestro país.

Las reformas iniciadas en los 90 y el retorno a la democracia en el 2000 aperturaron un periodo de crecimiento, institucionalización y reducción de la pobreza nunca antes visto en nuestra historia republicana. Irónicamente, desde esa fecha, lenta pero consistentemente, la maraña burocrática y tramitológica se fue multiplicando.

A partir de la caída de los precios de los metales en 2012, la tasa de crecimiento se fue ralentizando, a pesar de la acertada acción del gobierno en desplegar una variedad de programas sociales para mitigar la pobreza y fomentar la inclusión.

La verdad de las cosas es que, para que el modelo de crecimiento, basado en la inversión privada, iniciativa individual y Estado subsidiario, funcione, son mandatarias las tasas de crecimiento de, al menos, 4.5%. Retomarlas, por encima del 4.5%, es hoy una condición necesaria, pero no suficiente.

Debemos crecer, incorporando en la locomotora del desarrollo a peruanos que sienten que se les ha pasado el tren sin siquiera mirarlo. Infraestructura rural, masificación del gas, agua potable al 100%, educación y salud universal deben ser el centro del esfuerzo de gobierno.

Mucho de esto se podría lograr con asignaciones aún menores a las recibidas por la refinería de Talara (US$6,000 millones) o Petroperú el año pasado (US$2,000 millones), de modo que se trata de un tema de prioridades, más que de restricción presupuestal.

Para que nuestro modelo de desarrollo no esté en peligro, ningún peruano debe ser dejado atrás.