(GEC)
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No deja de llamarme la atención cuando aparece alguien que acusa al gobierno de estatista, algo que definitivamente no es. Parte del problema es que el espectro político peruano está mucho más a la derecha que el de buena parte de los países vecinos, llevando a que un gobierno que se atreva a una activación estatal que exceda márgenes acostumbrados –aun en pandemia– sea visto como una amenaza. ¿Qué otro país coquetea más y con menos resistencia con la idea del Estado mínimo que el Perú? Puede que en el medio convivan fuerzas divergentes, pero basta mirar las elecciones presidenciales de 2016: los dos candidatos finalistas fueron un financista y la hija de quien impulsó las reformas noventeras hasta ahora vigentes. Habría que reconocer eso para saber dónde estamos parados.

Mientras en Perú a Zeballos y Zamora les tiembla la mano para activar mecanismos legales que pongan las instalaciones privadas al servicio de la sanidad pública, en el Chile de Sebastián Piñera, difícilmente antiempresa, el Estado tomó control de los respiradores mecánicos de las clínicas. Lo mismo en España e Irlanda.

¿Qué dirían los que acusan a Vizcarra de estatista acerca del gobierno de Angela Merkel, que inyectó dinero público para rescatar a la aerolínea Lufthansa, pero a cambio del 20% de sus acciones?

En Estados Unidos y Reino Unido, Trump y Johnson ordenaron que empresas adecúen sus plantas y comiencen a producir respiradores mecánicos, que luego tendrían que vender a una tarifa social. ¿Quién del gobierno de Vizcarra se atrevería a hacer algo así?

Parte de las tensiones que surgen con el gran empresariado son en realidad fruto de su tremendismo apocalíptico y del conflicto excesivo que sus voceros han generado. No por gusto ayer sonó como una posibilidad real que la Confiep y las clínicas privadas pensaban contratar a la jefa de Telmo, el practicante, como nueva vocera.