En la Comisión Metropolitana de Medio Ambiente, Salud y Bienestar Social de la Municipalidad de Lima se desaprobó el cambio de zonificación (Reajuste Integral de Zonificación) que el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) y la Municipalidad de Lurín proponían para dicho distrito. Sin embargo, esta no es una victoria. Previamente había sido aprobada en la Comisión de Desarrollo Urbano de la MML y aún falta que esta propuesta se discuta en Concejo Metropolitano, donde podría ser aprobada. Pero, peor aún, nos muestra que la sola pretensión de un cambio de esta naturaleza, carente de una real socialización con los vecinos de Lurín (y con los limeños en general) y con poca transparencia, sigue siendo la forma usual de hacer ciudad.

La oposición firme de algunos regidores junto a las opiniones técnicas –no vinculantes– del Minam, la ANA y la propia MML, acompañada de la visibilización del problema por parte de organizaciones de la sociedad civil, académicos y activistas, ha sido clave. Los argumentos en contra de este cambio se sustentan, principalmente, en la afectación del carácter ecosistémico del que sería el último valle de Lima. La propuesta no contempla el cuidado correspondiente a ecosistemas frágiles como las lomas costeras y ni siquiera menciona el humedal San Pedro de Lurín (Quilcay). Incluso, el distrito de Pachacámac ha decidido interponer una denuncia al constatar que se pretende hacer cambios en una zona que se encuentra en disputa con Lurín.

Entonces, ¿cómo una propuesta tan técnicamente débil puede avanzar tanto? Y, sobre todo, ¿si los ciudadanos tenemos el derecho a opinar sobre estas transformaciones, cómo se hace? Para esto debemos tener claro cuál es la competencia del IMP, pues resulta ser el actor clave para los cambios de zonificación en la capital. Lamentablemente, este organismo municipal funciona más como una mesa de partes que como el ente rector del futuro de la ciudad. Y esto tiene relación directa con la ausencia, todavía, de un plan urbano que guíe el futuro de Lima. En este momento, están elaborando el PLANMET 2040, pero los espacios para el diálogo y el recojo de opinión ciudadana son limitados (algo que siempre he solicitado como miembro ad honórem del Consejo Consultivo del referido plan).

Es necesario fortalecer el IMP para que sea el órgano rector que determine los usos del territorio, pero también es urgente que la población participe activamente de espacios para hacer llegar su voz y su visión de ciudad. No nos va a servir un plan urbano que no haya sido consensuado y que no contenga la hoja de ruta para alcanzar ese futuro urbano que queremos. Y no, ese futuro no incluye la expansión urbana que quieren impulsar en Lurín ni en Ancón. Se equivocan cuando creen que aceptaremos eso, pues merecemos una ciudad de verdad.

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