Saldos de terror

Diciembre es un mes muy esperado por los comerciantes, pues, las fiestas de Navidad y de fin de año suelen hacer que las ventas aumenten en un 50%, con el consiguiente salto en los ingresos de cada negocio.

Sin embargo, los desórdenes callejeros que se sucedieron a la caída del gobierno de Pedro Castillo –luego de un infeliz intento de golpe de Estado, al más depurado estilo fujimorista– impedirán que buena parte de los comercios logren sus objetivos de ventas. Al menos es lo que se calcula ocurrirá en Lima, Ayacucho, Apurímac, Trujillo y aquellas ciudades que se vieron afectadas, durante días, por desmanes y vandalismos.

Recordemos que, en algunas de las ciudades y provincias más revoltosas, para empeorar el drama económico de estos establecimientos, incluso se tuvo que imponer sendos toques de queda. Porque aparte de contusos, heridos y occisos, los daños a la propiedad pública y privada fueron cuantiosos.

En el Cusco, por ejemplo, la temporada turística ha sido seria e irreversiblemente afectada, por mucho que los hoteles y el aeropuerto hayan reabierto y el ferrocarril haya reanudado sus recorridos, tras varios días de paralización y cierres forzados. Y ni qué decir de las actividades económicas que se desarrollan alrededor de esta gran industria.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Lima cifra en 5,200 millones de soles las pérdidas que experimentarán las Pymes durante la actual campaña navideña, que según no pocos empresarios impactarán, asimismo, en la campaña de verano

Los disturbios callejeros, los bloqueos de carreteras, el cierre de aeropuertos y terminales, obligaron a innumerables comerciantes a tapiar sus puertas a piedra y lodo, para preservar sus mercaderías. En Arequipa, Apurímac, Ayacucho y Cusco se estima en un 40% la caída en los ingresos de las pequeñas y microempresas como resultado de las protestas.

Un triste saldo, pues, que los azuzadores de siempre, camuflados entre las turbas enardecidas, tienen la prepotencia de ignorar cuando se lanzan a las calles buscando alterar el orden y así ir minando el estado de derecho en el país.

La democracia peruana está obligada a defenderse mejor de estos asaltos premeditados, que sobre todo dañan irreparablemente a los sectores más vulnerables, poniendo en riesgo los empleos y pequeños negocios con que sostienen a sus familias.