(Larry Campos)
(Larry Campos)

La protesta es algo normal en una sociedad libre. Sin embargo, la actitud que tome el Estado en función del tipo de protesta es lo que permite avanzar en la solución de los conflictos o ahondarlos.

En democracia, el conflicto es la norma. Siempre habrá grupos que difieran en función de algún derecho, ingreso, pago, etc. En la medida que estos conflictos se solucionen a satisfacción de ambas partes, llegamos a una situación de equilibrio mejor que la que había antes.

En medio de estos conflictos surge la necesidad de alguno de los grupos de protestar públicamente y tienen todo el derecho de hacerlo siempre que no se viole la ley.

Pero si se impide a los demás el libre tránsito de las personas o vehículos, como siempre ocurre en el Perú, se está infringiendo la ley. O si se ingresa violentamente a un edificio público, como ocurrió en el Capitolio en Washington, también se viola la ley.

En todos los países ocurre que las protestas a veces se salen del marco democrático e ingresan al campo delictivo. Este no es un problema exclusivo del Perú. La diferencia está en la actitud de las autoridades ante hechos que violentan el derecho de los demás.

Es impensable imaginarse al Estado americano formando una mesa de diálogo para que los manifestantes abandonen pacíficamente el edificio del Congreso. Se usó la fuerza pública ante un delito flagrante que ponía en riesgo vidas humanas con el lamentable saldo de cuatro manifestantes fallecidos.

En el Perú tenemos que entender que el Estado debe escuchar la protesta de los ciudadanos, pero NO puede dialogar con grupos que están cometiendo un delito flagrante. Lo primero es democracia y lo segundo es anarquía.

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