Protestas en Puno. (Foto: Juan Carlos CISNEROS / AFP)
Protestas en Puno. (Foto: Juan Carlos CISNEROS / AFP)

Cientos de manifestantes provenientes de diversas partes del Perú se encuentran desde el martes en Lima para participar en las movilizaciones de protesta convocadas para hoy. Sus demandas son políticas y son las mismas desde la vacancia de Pedro Castillo, ratificadas luego el 4 de enero, cuando se reiniciaron las marchas violentas en distintas ciudades del sur del país.

Su exigencia central es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que, conviene recordarlo, asumió el mando en estricto cumplimiento con la línea de sucesión prevista en la Constitución, luego de que su antecesor y compañero de plancha electoral intentara romper el Estado de derecho. Boluarte asumió el cargo porque era la vicepresidenta por la que votaron las mismas personas que hoy se muestran iracundas contra ella.

Sus detractores la acusan como si su ‘pecado capital’ hubiese sido haber acatado el mandato que le correspondía constitucional y democráticamente.

Los políticos extremistas que la cuestionan y pretenden la reposición del golpista Pedro Castillo –con quien compartían cuotas de poder– vienen conduciendo a miles de personas por el camino de la violencia.

Los deplorables sucesos ocurridos en las manifestaciones de Puno, Ayacucho, Andahuaylas y Cusco hacen temer que en Lima el extremismo político apueste por lo mismo: llevar las marchas al límite, cruzar la línea de lo legal y permitido, enfrentar a los manifestantes con las fuerzas del orden y culminar sus jornadas con un reporte de civiles muertos.

Sería realmente lamentable y triste para el país que esto volviera a ocurrir, al margen de cómo perjudica que quienes protestan destruyan costosa infraestructura urbana, a menudo incluso activos críticos nacionales.

Por lo pronto, muchos de los recién llegados de provincias para las marchas se han instalado en la ciudadela de la universidad de San Marcos, luego de que un grupo de estudiantes les facilitara la entrada. La rectora, Jerí Ramón, por supuesto, está dialogando con los invasores para que desocupen pacíficamente los terrenos de esa casa de estudios, pues el Consejo Universitario no ha autorizado su ingreso y mucho menos los ha invitado a acampar en sus instalaciones, poniendo en riesgo la infraestructura que alberga a miles de estudiantes de la capital.

Como se ha repetido muchas veces, el derecho a la protesta es legal y constitucional. Lo ilegal e ilegítimo es traspasar la línea e incurrir en actos delictivos, como destruir propiedad ajena, sea pública o privada, y atacar con fiereza a la Policía.

Cuando eso sucede, las fuerzas de seguridad tienen la potestad y el deber de actuar para restablecer el orden respetando la ley y los protocolos, sin caer en provocaciones para evitar pérdida de vidas, que es lo que buscan los azuzadores que construyen sus carreras políticas a base de muerte y engaño.

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