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Lo protegen desde arriba

“Por sus ataques a periodistas, parece que el coronel (r) Jibaja extraña los tiempos en los que se encargaba de clasificar a los medios en buenos y malos”.

Walter Jibaja

Walter Jibaja. (USI)

Walter Jibaja. (USI)

Editorial Perú21
Editorial Perú21

Llama poderosamente la atención la libertad con que actuó en las redes sociales el jefe de seguridad del Congreso, coronel (r) Walter Jibaja Alcalde, quien, a través del Twitter, contestó de una manera inédita al propio presidente de la República, Martín Vizcarra, y atacó a varios periodistas.
Los tuits del jefe de seguridad parlamentario se sucedían una y otra vez, y parecía que dentro de la institución que resguarda no había quién le hiciera ver su, por lo menos, falta de decoro.

Aunque lo hacía desde una cuenta personal, sorprende que un funcionario de su jerarquía y responsabilidad haya opinado y atacado de la manera en que lo hacía, con total desparpajo.

La defensa desde la bancada fujimorista, de que el señor Jibaja escribía sus tuits fuera de su jornada de trabajo y que en ese horario es libre de expresarse como quiera –lo dijo Luis Galarreta el martes al Consejo Directivo y ayer la congresista Karla Schaefer a la prensa–, no convence a nadie.

Por cierto, no ha sido posible verificar los horarios de publicación de dichos tuits, pues el funcionario cerró su cuenta personal horas después de que se difundiera, el último domingo, un informe en Cuarto poder en el que se ponía en evidencia el incremento del personal a su cargo y, sobre todo, su labor dirigencial en el partido Fuerza Popular, donde él dirige la escuela de adoctrinamiento de comandos fujimoristas.

Como dice la moción multipartidaria presentada ayer, que exige el inmediato retiro del Sr. Jibaja del cargo de jefe de seguridad y el inicio de una investigación de los actos que hubiera realizado, no convence que la labor que está realizando no esté orientada a los fines partidarios y políticos de Fuerza Popular.

Por sus ataques a periodistas, parece que el coronel (r) Jibaja extraña los tiempos en los que se encargaba de clasificar a los medios en buenos y malos, según su afinidad con el régimen de Alberto Fujimori. Él lo declaró a la comisión investigadora de Anel Townsend en 2001 y, por ello, fue implicado en el desvío de fondos desde el SIN para la compra de líneas editoriales.

El Congreso es la representación de todos los peruanos y no una entidad al servicio de un partido político. Sus funcionarios deben actuar con respeto a la institucionalidad, lo que está lejos de quien actuó como quien se siente dueño de su chacra.

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