La norma fue publicada hoy en el diario El Peruano. (Foto: Miguel Bellido/GEC)
La norma fue publicada hoy en el diario El Peruano. (Foto: Miguel Bellido/GEC)

Hace casi medio año se creó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), con el objetivo de ordenar el caótico sistema de transporte de la capital. Para ello, la entidad podrá impedir que las empresas transportistas subarrienden rutas a individuos independientes, unificar el sistema de pagos, otorgar subsidios, etc.

De todas las facultades que tendrá la ATU, la que más preocupaciones generará a quienes les importa el buen uso de los recursos públicos será la capacidad de otorgar subsidios. No porque sea una práctica atípica en el sector transporte, sino porque se podría utilizar con fines proselitistas.

Poder comunicar a la ciudadanía un “recorte sustancial” en las tarifas de transporte será una gran tentación que pocos demagogos podrán resistir, lo cual ya ha sido celebrado por expertos. Por ejemplo, Alfonso Flórez, presidente de la Fundación Transitemos (ONG fundada por la actual ministra de Transportes), afirmó que “en todas partes del mundo el nivel de subsidio llega al 50%”. ¿Es cierto? No.

Según un estudio de la Asociación de Contribuyentes del Perú, en el que se analizaron 12 sistemas de transporte en la región, solo dos tenían un subsidio mayor al 50% (Buenos Aires con 71% y Caracas con 54%). El resto contaba con un subsidio inferior al 30%.

Más subsidios no es necesariamente mejor, lo cual se puede apreciar al comparar los sistemas de Buenos Aires y Ciudad de México. Mientras en la Reina de la Plata se destina el 4.5% del PBI a subsidios, generando que el impacto del costo de los viajes en el bolsillo de las familias sea de 6%, en la Ciudad de los Palacios se destina el 0.2% del PBI y el impacto en el bolsillo familiar es de 8%.

Esperemos que la ATU en la práctica sea un ente técnico y no político.