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Es más que probable que la reflexión que compartiré hoy desatará la ira de algunos especialistas en la materia. Es más que fijo que seré acusado por algunos de ignorante en lo que es economía y por otros de irresponsable al proponer ideas que, según ellos, podrían causar catástrofes económicas irreversibles. Por ello, antes de que esto suceda, permítanme poner un pequeño parche. No soy economista ni soy especialista en política pública ni tributaria. Tampoco, para estos comentarios, he acudido a la voz de algún especialista que me haya convencido de alguna de sus ideas al respecto. Estas ideas parten de mi experiencia como cocinero y empresario, y de una interpretación de la realidad que vivo y viven cada día miles de comerciantes y empresarios jóvenes y no tan jóvenes, chicos y no tan chicos, que batallan día a día por sacar adelante sus empresas y comercios intentando hacerlo bajo los nuevos principios que hoy se esparcen de generar valor compartido, de crecer individualmente mientras compartes tu éxito colectivamente. Vayamos de una vez al tema.

El salario mínimo vital en el Perú asciende a S/.750 al mes, al tipo de cambio unos US$250. Comparar este salario mínimo con el salario mínimo federal de Estados Unidos, de alrededor de US$1,350, sería tan doloroso como demagógico. Pero sí es necesario, y, sobre todo, muy realista, compararlo con el salario mínimo de dos de las economías con las que competimos y compartimos políticas y objetivos: Chile y Colombia, cuyos salarios mínimos ascienden a US$420 y US$350, respectivamente. Y es allí donde aparece la primera pregunta. ¿Acaso el Perú no debería plantearse tener un salario mínimo vital, por lo menos, similar al de Chile, una economía a la cual hemos hecho referencia durante los últimos 20 años como modelo de éxito a seguir? ¿Y acaso el empresario y comerciante peruano moderno estarían en contra de esta medida?

Vamos por partes. Primero que nada, debemos partir de la realidad. Y la realidad es que todos sabemos que un salario de S/.750 no le alcanza a ningún peruano para vivir dignamente. Y la realidad también nos dice que, si hiciéramos una encuesta entre comerciantes y empresarios acerca de subir el salario mínimo de US$250 a US$420, la inmensa mayoría de ellos diría que, si pudiera, lo haría inmediatamente, solo que la mayoría, sobre todo, los pequeños comerciantes y empresarios formales, simplemente no pueden. Y no pueden porque su batalla diaria pasa por cumplir con sus obligaciones trabajando de sol a sol, con la esperanza de que a fin de mes puedan obtener una rentabilidad que justifique todo el esfuerzo realizado. Obligaciones financieras por créditos asumidos, laborales para con sus trabajadores, con el alquiler cada día más elevado y con un Estado que recauda a través de diferentes impuestos más de un 25% de lo que el empresario produce sin que este reciba a cambio los servicios públicos en seguridad, educación, salud, justicia e infraestructura que requiere para la competitividad de sus emprendimientos. Servicios públicos deficientes que obligan a muchos pequeños empresarios que creen en el valor compartido a postergar el aumento de salarios porque sus sobrecostos los llevarían a la quiebra y a otros miles de empresarios a mantenerse en la informalidad porque de ello depende, por ejemplo, que su hijo pueda seguir yendo a ese colegio privado muy superior al colegio público o que su padre vaya a esa clínica privada muy superior al hospital estatal.

Entonces, nos encontramos, por un lado, con miles de peruanos que apoyarían la subida del salario mínimo y, por otro, un Estado que recauda mucho sin ofrecer buenos servicios que les permitan bajar los costos y así poder pagar mucho mejores sueldos a trabajadores a los que hoy, como empresarios modernos que son, ven como colaboradores y aliados de un éxito compartido. Y es allí donde aparece la segunda interrogante. Si el Estado es un mal administrador de los recursos que los ciudadanos producen y si los ciudadanos que hoy producen quieren de corazón mejorar las condiciones de vida de sus colaboradores más humildes, ¿por qué entonces el Estado no se desprende de parte de eso que recauda, de manera que el empresario pueda hacer uso de ese ahorro para mejorar los sueldos en sus empresas? Dicho de forma más clara y directa: ¿qué pasaría si el Estado baja el IGV de 18% a 15% y fija como salario mínimo US$430 al mes, es decir, US$10 simbólicos más que nuestro vecino chileno? ¿Acaso el empresario hoy formal se quedaría con el ahorro del IGV? Creo que no. Porque el empresario formal ya cumple con las normas actuales tan perjudiciales para la competitividad de su empresa. En consecuencia, cumpliría la nueva norma con convicción porque sabe que esto beneficiará directamente a aquellos que colaboran con él, sin que, gracias al ahorro en el IGV, ponga en riesgo la baja rentabilidad que hoy tiene ni la estabilidad de su empresa y de los que trabajan en ella. ¿Y el Estado? ¿Y la estabilidad macroeconómica? ¿Y ese dinero que el Estado deja de percibir? ¿Cuánto sería? ¿Cómo lo cubriría? Preguntas que deben estar preparando los académicos, que hoy quisieran verme en un paredón por tamaña blasfemia económica. Como dije antes, no soy economista para responder en esos términos. Solo me guío por la experiencia de vida de millones de empresarios y trabajadores que hoy producen la riqueza del Perú. Solo sé que ese dinero estaría en mejores manos, que estaría mucho mejor administrado, generaría mucha mayor rentabilidad en quien lo produce y llevaría mucho mayor bienestar a los trabajadores que lo reciban. Bienestar que el Estado suele evocar para justificar lo que recauda, pero que en la práctica, al menos por los servicios públicos recibidos, no ha sabido brindar.

Sé que hacia el lado derecho dirán que subir el salario mínimo es atentar contra la estabilidad económica. Sé también que al lado izquierdo dirán que bajar los impuestos solo beneficiará a los poderosos. Y, en medio, empresarios y trabajadores haciendo lo que siempre han hecho: trabajar, trabajar y trabajar. Unos queriendo aumentar los ingresos de sus colaboradores, otros urgidos de ese ingreso digno, que es la base para el dinamismo de una economía y la paz de una sociedad. Sí, es una propuesta indecente. Azótenme por ello.