(Renzo Salazar/Perú21)
(Renzo Salazar/Perú21)

Había arrancado bien el gabinete Aráoz, el presagio era que la gobernabilidad podía mejorar y también el ritmo de la actividad económica. A este moderado optimismo contribuían la subida del precio del cobre –de 2 a 3 dólares la libra– y la previsible puesta en marcha del gasto de inversión en reconstrucción. Las exportaciones mensuales volvían al nivel de US$4,000 millones, que ya alcanzaron en el punto más alto en 2011, después de haber caído a US$2,500 millones en 2015.

Pero se montó una nueva bronca, servida por el rayo que no cesa del flujo de información desde Brasil y las respectivas acusaciones de corrupción. La novedad es que, hasta la fecha, la contienda era entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y ahora se extiende al judicial con la denuncia constitucional del fujimorismo contra el fiscal de la Nación.

En mi columna “Ingobernabilidad autoinfligida”, que publiqué en este medio hace un año, planteaba el problema actual de gobernabilidad como un ejemplo más de un clásico de la teoría de juegos que se conoce como el dilema del prisionero. Dos jugadores –presidente y Congreso– tienen que elegir entre cooperación o enfrentamiento y ambos optan por el enfrentamiento a pesar de que cooperando lograrían un mejor resultado para ambos y sobre todo para el país.

En este clima local es difícil que prenda suficientemente el motor de la inversión privada. Los escenarios oníricos respectivos de disolución del Congreso o vacancia presidencial son demenciales, por lo que el enfrentamiento actual solo conduce a resultados desastrosos.

En cambio, todo podría funcionar arrimando el hombro. Y en principio no tendría por qué ser tan difícil con un Congreso con mayoría absoluta de un partido cuyo programa de gobierno no difiere del que presentó el presidente en campaña. Pero estamos ante un careo autodestructivo del que cada vez es más difícil salir. Si continúa esta guerra de desgaste, se condicionará el desempeño económico durante los casi cuatro años que le quedan de gobierno.

La solución al dilema del prisionero sigue siendo que se sienten en la mesa de trabajo el Ejecutivo y el principal partido de oposición y negocien un plan de trabajo para los próximos cuatro años. El cambio de gabinete es una oportunidad idónea para hacerlo. Las credenciales de la premier Aráoz, como exitosa ex ministra y funcionaria internacional, son impecables y, además, cuenta con la ventaja de no estar involucrada en el entramado de intereses empresariales locales. Ojalá no se malgaste esta oportunidad y se dé paso a la distensión.