Las regiones no aplican el sistema de asociación público-privado. (Foto: USI)
Las regiones no aplican el sistema de asociación público-privado. (Foto: USI)

Se estima una caída del PBI de casi 13% este año y una fuerte pérdida de empleos. En este contexto es indispensable promover la inversión privada para reactivar la economía, lo que no es sencillo en la coyuntura actual.

Cuatro factores están limitando la inversión privada. En primer lugar, la estricta cuarentena que se impuso ocasionó una fuerte caída de la economía que aún continúa, aunque en menor proporción. Esto desincentiva las inversiones. Un segundo factor es el conjunto de propuestas de ley de corte populista del Congreso sobre una serie de aspectos como controles de precios y de tasas de interés, condonaciones de deuda, liberación de fondos de sistemas de pensiones, entre otros, generando una sensación de inestabilidad jurídica que no facilita la inversión.

En tercer lugar, los inversionistas enfrentan una crisis sanitaria aún no controlada, aunque parecería que ha menguado en semanas recientes. Esto retrae la demanda interna, particularmente el consumo, y por lo tanto desincentiva invertir en aquellos sectores que requieren de dicha demanda para crecer. Por último, en unos meses tenemos elecciones nacionales, lo que genera un contexto político muy incierto que desincentiva la implementación de proyectos de inversión.

Si bien es poco lo que se puede hacer para reducir los riesgos, el Estado podría implementar varias acciones para promover las inversiones, incluyendo el destrabe de la inversión pública que tiene un efecto multiplicador muy grande y de los grandes proyectos de inversión con alto impacto económico que se encuentran paralizados por diversas razones e impulsar la simplificación administrativa y estandarización de prácticas de fiscalización para evitar que gobiernos locales traben las inversiones. El FMI estima que un sol de inversión pública equivale a dos soles de gasto corriente o transferencias monetarias y es un catalizador de la inversión privada.

El Estado debe convertirse en un socio estratégico del sector privado, para impulsar actividades con gran potencial de crecimiento económico y generación de empleo y de divisas, facilitando la diversificación productiva de la economía. Deberíamos de desempolvar el informe de 2010 de Michael Porter y Lucho Carranza, que con un vasto equipo de profesionales identificó nuestras ventajas competitivas, en sectores tan diversos como minería, pesca, forestal, acuífero y agroindustrial, y propuso una serie de medidas para aprovecharlas. Lamentablemente cayeron en saco roto.