Producto defectuoso

Si usted recibe un electrodoméstico que a los tres meses deja de funcionar, tendría toda la razón de sentirse estafado y reclamar. Algo así ocurre con la ley que suspende el cobro de peajes. Publicada en mayo último por insistencia del Congreso, ayer fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Se le ha retirado cual producto defectuoso.

La ponencia del magistrado Ferrero, aprobada por unanimidad, lo explica claramente. Pese a que nuestra Constitución señala que “los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes” (art. 62), el Congreso hizo exactamente eso: intervino en contratos.

A cambio de construir y darles mantenimiento a las carreteras, el Estado pactó con los concesionarios que cobraran peajes. La ley no solo afectaba eso, sino que impedía recurrir a los mecanismos compensatorios acordados.

Todo con la gravedad de que se trata de contratos-ley. Es decir, la herramienta que la Constitución reguló para darles una seguridad reforzada a los inversionistas, persuadirlos de que apuesten por el Perú y salir de la crisis económica de los 80.

Se puede discutir si estos mecanismos son adecuados y convenientes, pero esas son las reglas hoy. Diferentes especialistas y el Ejecutivo se lo advirtieron al Congreso, pero fue en vano. Ha sido una inconstitucionalidad anunciada.

El Congreso está sometido a la Constitución y no al revés. Hacer bien el trabajo legislativo supone, como mínimo, aprobar normas que superen un análisis de constitucionalidad. Además del daño que pueden generar por sí mismas, las normas “defectuosas” son un desperdicio de recursos y tiempo. Los congresistas y sus asesores trabajan por gusto y les pagamos por un pésimo producto. Uno que será “retirado” por el TC.

Como el fin de semana trágicamente nos lo recuerda, va siendo hora de que los funcionarios y ciudadanos de este país cumplamos las normas. El Congreso debería liderar con el ejemplo.