[Opinión] Javier Alonso de Belaunde: Película repetida

Un investigador silenciado. Un denunciante que termina en el banquillo de los acusados. Un testigo perseguido. El cine presenta continuamente esta trama. Es propia de películas de mafias, dictaduras o corrupción. Los culpables utilizan diversos mecanismos para amedrentar o eliminar a quienes pueden ponerlos en evidencia. Pasa en las películas, pasa en la vida.

El procurador general del Estado, Daniel Soria, denunció al presidente Pedro Castillo por presuntamente haber intervenido para que se otorguen contratos públicos a dedo. Lejos de ser una denuncia sin base, motivó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abriera una investigación preliminar sobre el presidente por posibles delitos de colusión y contra la administración pública. Atendiendo a los precedentes, la pesquisa se suspendió hasta que Castillo deje el cargo. No obstante, el procurador ha anunciado que tomará acciones para revertir ese extremo de la decisión y que la investigación no se paralice. En este contexto, es preocupante el súbito interés del ministro de Justicia, Aníbal Torres, de revisar si el procurador Soria, con dos años en el cargo, cumplió los requisitos para ser nombrado.

No es la primera vez que Soria tiene problemas con quienes no comprenden que la Procuraduría es autónoma y, como señala su ley, debe “ejercer sus funciones libre de influencias e injerencias” (art. 6.2). Durante el gobierno de Manuel Merino también se pretendió destituirlo por respaldar la demanda que buscaba que el Tribunal Constitucional aclarara la figura de la vacancia presidencial. En la actualidad, todo indica que su cargo ha sido puesto en cuestión simplemente por cumplir con lo que el reglamento de la institución le demanda: “Evaluar y formular cuando corresponda, denuncia penal contra el/la presidente/a de la República” (art. 11.18).

Un gobierno que respeta el Estado de derecho no interviene en órganos autónomos. La creación de la Procuraduría General del Estado en 2017 precisamente buscó que esta dejara de ser un anexo del Ministerio de Justicia y pudiera cumplir realmente con su misión constitucional: defender los intereses del Estado, más allá de los políticos de turno. Esa sería la película que quisiéramos ver.

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