Desde que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunciara su voluntad para adelantar las elecciones generales (presidenciales y congresales) a 2020, un intenso debate se ha desatado entre constitucionalistas, juristas y economistas, que han esgrimido argumentos a favor y en contra de los costos y beneficios que la propuesta del mandatario supondría.
Ahora bien, más allá de las disquisiciones teóricas –y sin duda importantes–, los arcos temporales a los que como República nos enfrentamos hacen necesario un análisis más centrado en la práctica. Por ejemplo, la principal medida que el Ejecutivo tomó de cara a la reforma de justicia fue la desarticulación del entonces llamado Consejo Nacional de la Magistratura. Bien: hoy, un año después, la Junta Nacional de Justicia sigue sin ver luz y la comisión encargada de conformarla sigue luchando por conjurar la fórmula idónea. Lo que muchos olvidan es que la JNJ tiene como función, además de nombrar, ratificar y deponer a jueces y fiscales, el trabajo de elegir a quienes dirigirán la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Estos dos organismos son, por motivos evidentes, fundamentales para poder llevar a cabo cualquier proceso electoral. Y, por ahora, ambos organismos están regidos por directores interinos y con algunos cuestionamientos.
En un momento de fragilidad institucional como el que vivimos, acelerar las cosas puede parecer la mejor de las salidas. Sin embargo, la lavada puede terminar siendo más cara que la camisa si es que no prestamos atención a detalles como estos.