El problema no es la ley

“De nada sirven los discursos y promesas efectistas si, a la hora de la verdad, los abusadores y asesinos de mujeres se salen con la suya. Por supuesto que no”.

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Arlette Contreras ha asistido a más de 100 audiencias durante los dos juicios orales anteriores. (Canal N/El Comercio)

Editorial Perú21
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En los últimos tres años, Arlette Contreras ha concurrido a más de un centenar de audiencias y muchísimas veces más ha dado su testimonio sobre el brutal y cobarde ataque al que Adriano Pozo la sometió en julio de 2015. Ha repetido con entereza, como una letanía, su testimonio ante autoridades, medios de comunicación y todo aquel que quisiera escucharla aun a costa de su tranquilidad emocional.

El jueves, cuando esta abogada ayacuchana esperaba escuchar una sentencia de prisión efectiva contra su agresor y que por fin se le hiciera justicia, lo que recibió de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte fue la anulación del segundo juicio oral, al que ella apeló por concluir en la absolución de Pozo, y el aviso de que tendrá que someterse a un nuevo proceso.

Esta vez, sin embargo, quien la ataca es un sistema de administración de justicia insensible, que parece privilegiar al victimario sobre la víctima, y cuyos hilos, recordemos, se movían hasta hace poco –y quizá aún lo hacen– al ritmo de Los Cuellos Blancos del Puerto. Un sistema con fallas desde la propia legislación, cuya corrección está en manos del Parlamento, pasando por un Ministerio Público en donde un error en la tipificación del delito puede hace caer todo el proceso. Y ni qué decir de algunos jueces que, como lo demostraron los CNM-audios, prostituyeron la justicia vendiéndola al mejor postor.

En un país con una alarmante tasa de feminicidios –136 casos en lo que va del año–, el compromiso gubernamental de erradicar la violencia contra la mujer tendría que traducirse no solo en una reforma estructural de las instituciones vinculadas al sector Justicia sino también, y sobre todo, en una actuación más diligente de quienes las administran porque, como bien ha advertido el Ministerio de la Mujer, las mujeres agredidas no pueden ni deben ser sometidas a un proceso de “revictimización”.

De nada sirven los discursos y promesas efectistas si, a la hora de la verdad, los abusadores y asesinos de mujeres se salen con la suya. Por supuesto que no. El ex presidente de la Corte Suprema César Fernández Arce afirmó tiempo atrás: “El problema no está en las leyes, sino en los hombres fundamentalmente”. ¿Qué esperamos?

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