La semana pasada, se reveló que el expresidente de Petroperú, Carlos Paredes, se habría referido a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, con un lenguaje vulgar. Aquello causó indignación en la ciudadanía y los medios y está muy bien, pero hay otro motivo por el que los ciudadanos también deberíamos de estar indignados.
La filtrada conversación de Paredes se dio luego de que la ministra Alva se negara a que el Ministerio de Economía otorgue 1,500 millones de dólares a Petroperú para la modernización de la refinería de Talara. Es decir, la ministra Alva evitó que los contribuyentes paguemos la deuda de una empresa estatal ineficiente que, gracias a Humala, tuvo que endeudarse para sacar adelante una modernización que inicialmente costaría 1,300 millones dólares, pero que terminaría superando los 6,000 millones de dólares (Perú21 30/06/2019).
Entonces, una vez más se demuestra cómo una empresa pública es utilizada con fines políticos, pero, lamentablemente, muchos ciudadanos no comprenden que, porque algo sea público, no significa que les pertenece a todos, sino al Estado. Aquello quiere decir que, quienes tomarán las decisiones sobre lo público, serán los políticos, cuya intención muy pocas veces es la de rentabilizar a la empresa pública, debido a que el dinero que financia lo público no es suyo, por lo tanto, las pérdidas tampoco lo serán.
Es así que, cuando una empresa privada comete un error, quiebra; pero cuando políticos fracasan administrando empresas públicas, nos pasan la factura a los contribuyentes, tal como lo intentó hacer Paredes. Por ello, es momento de dejar de lado el populismo y poner a la cabeza de Petroperú a alguien que asuma las ganancias, si lo hace bien, o las pérdidas, si lo hace mal; es momento de privatizar Petroperú.