Primó la sensatez

Hizo bien el Tribunal Constitucional en dar término a la insistente pretensión de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea de ser incorporado como miembro del TC, tras una tumultuosa e irregular elección en los minutos postreros del disuelto Congreso de la República.

Como se recordará, sucedió de todo en dicho proceso, desde la inusual aceleración en la confección de la nómina de candidatos –dejando escasísimo margen de tiempo para examinar debidamente currículums y trayectorias profesionales– hasta una precipitada votación, sobre la que de inmediato cayeron impugnaciones de bancadas adversas a la mayoría fujimorista, pero que la Mesa Directiva, encabezada por su titular, Pedro Olaechea Álvarez Calderón, no se molestó en considerar, ya que su apuro por sacar adelante el nombramiento como fuese era patente.

Así, Ortiz de Zevallos Olaechea, ya con el Congreso disuelto, no tardó en apersonarse al TC dejando una carta con la no tan cortés exigencia de que “sin dilación alguna y sin más trámite” se le diera fecha y hora para juramentar. Por su parte, Olaechea envió senda carta al TC permitiéndose disponer a qué tribuno debían defenestrar para dejar el asiento libre al supuesto nuevo miembro. A esa carta le sucedieron otras, tono prepotente ya más bien con tendencia a la baja. Ortiz de Zevallos no ignoraba que, luego de que se hicieran públicos por este diario algunos antecedentes profesionales que podrían colisionar con las funciones de un integrante del TC, por mucha resolución que mostrara en sus pronunciamientos en medios amigos, su postulación iba cobrando el mismo rigor mortis del Congreso.

Lo que ahora toca es resolver si la demanda competencial sobre la disolución del Congreso, presentada por su Comisión Permanente, se admite a trámite, para lo cual se ha avanzado con el nombramiento del magistrado Carlos Ramos como ponente. El país espera que el tema se delibere con la misma prudencia y criterio que ha primado en el fallo sobre la legitimidad del proceso para renovar la composición del Tribunal Constitucional.