Congresistas de dos bancadas saludaron la inhibición del juez supremo Aldo Figueroa. (Foto: Anthony Niño De Guzmán / GEC)
Congresistas de dos bancadas saludaron la inhibición del juez supremo Aldo Figueroa. (Foto: Anthony Niño De Guzmán / GEC)

Para nadie es un secreto que en el Perú los partidos políticos son organizaciones más bien caudillistas, verticales y –pese a sus eventuales proclamas ideológicas– de escasa vocación democrática. Improvisados por lo común alrededor de personalidades públicas en algún momento favorecidas por las encuestas, a menudo, en estas últimas décadas, han devenido siniestros tinglados para vender cupos parlamentarios y defender intereses de dudosa legalidad.

Así, la falta de transparencia en el funcionamiento de estos colectivos es el principio fundacional que les permite seguir operando. Es el reino despótico de las cúpulas, a cuya omnipotencia la presunta militancia solo puede responder haciendo bulto (en forma de votos, likes, aplausos o marchas de campaña).

Es cierto que para las elecciones presidenciales de 2016 algunas organizaciones intentaron guardar las apariencias con amagos de democracia interna, pero la partidocracia local no es precisamente amiga de semejante tramitología, aunque lo consignen sus estatutos. De ahí entonces que la propuesta de “elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para toda la ciudadanía, organizadas por la ONPE, para la selección de candidatos a la presidencia, diputados, senadores, gobernadores y alcaldes” sea uno de los puntos de la reforma política que más sarpullido ha generado, ya que las dirigencias partidarias tienden a percibir tal proceso como las horcas caudinas que ni su trayectoria ni su majestuosa investidura merecen.

Como en política los ingenuos salen sobrando, de aprobarse la ley, los remisos de siempre encontrarán modos de darle una vuelta de tuerca para mantener los mecanismos clásicos de designación de representaciones y candidaturas, pero es a todas luces ilustrativo el rechazo que ha generado entre sempiternos congresistas y autoridades atornilladas al cargo, de aplicarse digamos que académica y puntillosamente.

Si la posible pérdida de privilegios institucionales es un drama para nuestra descolorida clase política, un saneamiento y renovación de figuras públicas podría deparar resultados positivos para el país, porque peor de lo que hoy estamos, imposible.